Condenan a jefe antidroga por agresión verbal a mujer policía en El Salvador

Al sargento salvadoreño Wálter Francisco Hernández Escobar, jefe antidroga de la Policía Nacional Civil ( PNC ) de El Salvador en San Salvador , no lo tumbó ni un lío de corrupción policial ni una intriga de contubernio con el narcotráfico. Hernández perdió su poderoso puesto y quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, por agredir verbalmente a una policía, con insinuaciones sexuales y calificativos de “promiscua”, tonta o “dunda”, “pasmada” o inútil en 2016 y 2017.

Por el delito de expresiones de violencia en contra de las mujeres , el sargento fue condenado la semana pasada por la justicia de El Salvador a 20 días multa de cárcel—equivalentes a 200 dólares—y a mil dólares de indemnización, a abandonar su puesto de jerarca antidroga y a nunca poder laborar en funciones estatales, anunciaron hoy fuentes oficiales de ese país centroamericano.

“Claro que es una sentencia emblemática y ejemplarizante”, dijo la salvadoreña Alicia Amaya, fiscal de la Unidad de Atención para las Mujeres de la Fiscalía General de la República (FGR), de El Salvador. “Desde el momento en que parte de su condena es ya no ejercer ese trabajo, es ejemplarizante para que no vuelvan a cometerse esos delitos en instituciones como la PNC, para que se vaya respetando a las mujeres”, afirmó Amaya, en una entrevista con EL UNIVERSAL .

“La agresión a las mujeres policías se da más que todo cuando son jóvenes y nuevas en su puesto y quizás se les estigmatiza como mujeres que no van a ejercer bien su trabajo. Sí es un ejemplo para ese tipo de institución y sobre todo para este tipo de víctimas que se ven envueltas en situaciones de esta naturaleza”, agregó.

La víctima, ahora de 27 años pero al inicio de las dificultades con 25, madre soltera y con dos hijos, comenzó a ser acosada por Hernández desde el mismo momento en que, en julio de 2016, ingresó al sistema del 911 de la PNC, relató Amaya.

Sin éxito, EL UNIVERSAL intentó obtener una reacción de la PNC al veredicto en contra de Hernández. El director general de la PNC, comisionado Howard Cotto, afirmó en el sitio digital de esa corporación que la policía “es la institución del Estado, del gobierno y de la sociedad civil que más atiende a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia”.

En un plan de 2011 a 2021, la PNC aprobó una “estrategia para institucionalizar la equidad e igualdad de género”, para cumplir compromisos internacionales y nacionales y “consciente de la importancia de respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas, sin ninguna discriminación por nacionalidad, raza, discapacidad, diversidad sexual, sexo o religión”.

La agresión a las mujeres en El Salvador, como en muchas otras partes del mundo, es uno de los fenómenos más graves en un país que está entre los más inseguros y violentos del mundo.

El (estatal) Instituto de Medicina Legal de El Salvador precisó, en un informe que envió esta semana a EL UNIVERSAL, que de mil 864 homicidios registrados del primero de enero al 10 de julio de 2018, 214 casos o 9.8% son de mujeres. En el mismo periodo de 2017 se contabilizaron 212 o 9.9% de un total de mil 657 homicidios.

De 20 mil 299 asesinatos de 2013 a 2017, un total de 2 mil 80 fueron femicidios, según el Instituto. El año pasado cerró con una tasa de 13.6 femicidios por cada 100 mil habitantes, con 469 casos, después de ubicarse en 15.4 en 2016 con 524 y en 17 en 2015 con 574.

Por novata. La fiscal Amaya narró que el conflicto de Hernández con la mujer “empezó cuando la agente ingresó a laborar en la Policía. Ella era nueva”.

“Entró al 911 en San Salvador en 2016 y entró a una unidad de servicios especiales y que es de choque para emergencias. Desde el inicio el jefe comenzó a discriminarla, porque era nueva y era la única mujer en esa unidad especial policial. La empezó a tratar mal. El sargento en ese entonces le decía que ella era tonta, que era pasmada”, rememoró.

“De una forma despectiva le decía. ‘¿Y usted cuando se va a avivar? ¿Cuándo va a hacer las cosas bien? Es que usted es bien dunda. No sabe hacer nada. ¡Avive!’. Todas esas palabras se las decía cuando durante algún tipo de actividad policial. Siempre le dio las instrucciones en forma despectiva”, contó.

Al subrayar que Hernández “estigmatizó a la agente como una mujer tonta que no podía hacer nada”, la fiscal destacó que el problema se agravó cuando le dijo, ante los demás hombres integrantes de la unidad, que era una promiscua, por ser madre soltera con dos hijos.

“Entre los policías empezaban a hablar de asuntos amorosos. El sargento empezó a referirse directamente a ella como promiscua en febrero de 2017 y le dijo que como ella era promiscua, le enseñara lo que sabía del amor, insinuándole que como era una persona que tenía relaciones sexuales con varios hombres y que, por eso, ella podía dar un concepto mejor de amor”, aseguró Amaya.

De inmediato, lamentó, “eso causó la burla de los hombres compañeros de la víctima en la institución, lo que ocasionó un estigma. La consideraron como la tonta o la dunda de la policía, para referirse a una persona poco inteligente, y todo culminó con la burla sexual por calificarla de promiscua. Recordemos que es una institución con mayoría de hombres”.

Enfrentada a “una situación insostenible”, la policía denunció el caso en marzo de 2017 en la FGR como víctima de discriminación. La Fiscalía practicó exámenes psicológicos a la mujer, hizo un estudio social en sus lugares de trabajo en la PNC y determinó, según Amaya, que “el sargento es bastante discriminativo contra las mujeres”.

“El estudio psicológico que se le hizo a ella determinó que sufrió afectación por todos estos hechos”, apuntó.

Según un reporte de la FGR sobre la sentencia, “valiéndose de su cargo” Hernández insultó en varias ocasiones a la agente y, entre otros comentarios “denigrantes”, le dijo: “Vaya señora, usted que es una pasmada y dunda”.

El tribunal condenó a Hernández a 20 días de salario mínimo, mil dólares “como indemnización por responsabilidad civil a la víctima”, puntualizó Amaya.

“Se consideró importante darle esos mil dólares a la víctima porque era lo que constituía parte del agravio que se le había realizado a ella. Porque si tiene afectación emocional, debe ser tratada por un psicólogo y para que fuera tratado por un psicólogo se le condenó a los mil dólares”, aseveró.

Hernández, aclaró, perdió sus derechos de ciudadano y quedó inhibido de optar a empleo público o ejercer empleo público, por lo que se le notificó a la PNC para el proceso e su destitución.

Luego de ser jerarca en el 911, y ante los conflictos con la mujer, Hernández fue transferido al puesto de jefe narcotráfico en San Salvador.

“Sí es un delito recurrente y se da en todos los ámbitos, en todos los niveles y no hay exclusividad de una sola institución. Sucede en cualquier institución o en cualquier nivel de mujeres que se vean maltratadas de esa forma”, lamentó Amaya.