CIDH culpa a Ortega de excesivo uso de fuerza contra protestas en Nicaragua

San José.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) determinó que el gobierno de Nicaragua reprimió indiscriminadamente las protestas antigubernamentales que estallaron desde el pasado 18 de mayo y causaron 76 muertos con “un patrón” de detenciones masivas arbitrarias , y pidió al presidente Daniel Ortega desmantelar los grupos parapoliciales, respetar la libertad de expresión y cesar la represión .

La conclusión apareció en un informe preliminar que una misión del CIDH emitió hoy en Managua , al término de una visita que inició el pasado jueves para evaluar la situación de los derechos humanos de Nicaragua tras las masivas movilizaciones opositoras y anti oficialistas que se iniciaron el mes anterior y provocaron violentos disturbios callejeros .

El número de 76 muertos de la CIDH contrastó con los 13 que notificó el gobierno por una crisis que surgió por el repudio a una reforma de Ortega a la seguridad social y que debió derogar, en un movimiento popular que derivó en reclamos por una verdadera democracia en Nicaragua.

No hubo todavía una reacción del gobierno de Ortega a las conclusiones de la CIDH, una instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington.

“Durante su visita la CIDH reunió información documental, audiovisual y escuchó centenares de testimonios que evidencian graves violaciones de derechos humanos durante un mes de protestas, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados” o parapoliciales, aseguró el informe de la Comisión, del que EL UNIVERSAL tiene copia y a cuya versión completa se puede acceder por este enlace: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/113.asp

Degradante. El uso excesivo de la fuerza, agregó el primer informe de la misión, “dio como resultado decenas de muertos y centenares de personas heridas; detenciones ilegales y arbitrarias; prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa; y otras forma de amedrentamiento como amenazas, hostigamientos y persecución dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana”.

“Según la información recibida por la CIDH, desde el 18 de abril en el país hubo, al menos, 76 personas muertas, 868 resultaron heridas en su gran mayoría en el contexto de las protestas. De estas últimas, cinco permanecen en hospitales en estado de gravedad. Asimismo, 438 personas fueron detenidas, entre estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas”, puntualizó.

En el recuento, la Comisión condenó “enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de las y los estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas y que continúan hasta la fecha. De igual forma la CIDH condena las muertes de dos policías y agresiones contra otros funcionarios públicos producidas en este contexto”.

Asimismo, instó al Estado de Nicaragua “a que cese de inmediato la represión de la protesta social. En este sentido, el Estado debe adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política. La Comisión urge enérgicamente al Estado a investigar diligentemente estos hechos, juzgar y sancionar a sus responsables, y reparar a las víctimas de violaciones a derechos humanos”.

“De acuerdo con centenares de testimonios”, precisó, “la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales, que actuarían con el apoyo de agentes estatales. Según numerosos relatos, estos grupos armados serían convocados para tareas de amedrentamiento, vigilancia y actos violentos contra los manifestantes”.

La Comisión recordó que “el Estado tiene la obligación de no permitir la existencia de estructuras represivas, investigar los hechos en los que han participado, identificar y sancionar a los responsables que articulan su funcionamiento desde las estructuras desde el Estado y recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en el marco del Estado de Derecho”.

Sobre el uso desproporcionado de la fuerza, aseveró que “respecto de las fuerzas estatales, la Comisión recibió decenas de testimonios sobre la falta de una actuación neutral de la Policía Nacional en estos sucesos”.

Letal. La CIDH advirtió que “la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada meramente para mantener o restituir el orden público. Sólo la protección de la vida y la integridad física ante amenazas inminentes puede ser un objetivo legítimo para usar dicha fuerza. Nicaragua debe implementar en forma inmediata mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas”.

La CIDH “identificó numerosos casos en los que las personas no acudieron a los centros asistenciales por temor a sufrir represalias, y obtuvieron la asistencia en hospitales privados, improvisados centros de salud o a través de médicos voluntarios y estudiantes de medicina, entre otros”, lamentó.

La Cruz Roja Nicaragüense, subrayó, indicó que habría realizado unas 553 atenciones hospitalarias, de las que 235 requirieron el traslado a un centro médico. “La mayoría de las lesiones reportadas se relacionaban con traumatismos, quemaduras, fricciones o heridas por estallidos. También se atendió a un gran número de personas afectadas por gases lacrimógenos, así como por balas de distinto tipo y calibre, objetos contundentes y golpes”, relató.

La Comisión “constató que en algunos hospitales públicos fueron atendidos heridos y se recibieron personas en estado de gravedad. Asimismo, recibió información de que en algunos casos, tras ser intervenidos, fueron dados de alta con premura y algunos pacientes debieron regresar ante la delicada situación”, detalló.

Consejos. Entre sus recomendaciones, la CIDH instó al Estado de Nicaragua a “cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas” y “respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población”.

Otro consejo fue “crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables”.

También solicitó “garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes”.

Además, demandó “ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas. Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas. Asimismo, respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas”.

Otra recomendación fue “asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley” y “desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil”.

Abogó por a “garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión”.

Exhortó a las autoridades estatales “abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. Así como a proteger en forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo”.