Organizaciones piden corregir la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad de CDMX; ven omisiones

Organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la movilidad y la seguridad vial exigieron a la jefa de Gobierno, Clara Brugada y al Congreso de la Ciudad de México corregir de manera urgente la propuesta de reforma a la Ley de Movilidad local, al considerar que contiene omisiones que podrían poner en riesgo la vida de peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.

Los colectivos señalaron que la iniciativa presentada por el diputado de Morena, Miguel Ángel Macedo, no se encuentra plenamente armonizada con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada a nivel federal para establecer estándares mínimos de protección en todo el país.

Entre los principales puntos de preocupación se encuentra la eliminación de referencias explícitas a los límites de velocidad y la falta de controles claros relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol, medidas que especialistas consideran fundamentales para prevenir muertes y lesiones graves en hechos de tránsito.

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En entrevista con El Universal, Areli Carreón, integrante de Bicitekas A.C., advirtió que la propuesta representa un retroceso respecto a los avances alcanzados en materia de seguridad vial durante los últimos años.

“Lo que nos preocupa es que se está proponiendo una ley que no está alineada con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Eso significa que se están dejando fuera elementos que son fundamentales para proteger la vida de las personas en las calles”, señaló.

La activista explicó que la legislación federal fue diseñada para establecer criterios homogéneos en todo el país, por lo que las entidades federativas tienen la obligación de armonizar sus normas locales con esos principios.

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“Cuando se eliminan referencias claras sobre límites de velocidad o sobre los controles de alcoholemia, lo que se está haciendo es debilitar herramientas que han demostrado ser efectivas para reducir siniestros viales. No estamos hablando de asuntos administrativos; estamos hablando de medidas que salvan vidas”, afirmó.

Velocidades excesivas

Carreón sostuvo que las velocidades excesivas son uno de los principales factores asociados a la gravedad de los hechos de tránsito y que diversos estudios nacionales e internacionales han demostrado que una reducción en los límites permitidos disminuye significativamente la probabilidad de fallecimientos.

“Una persona atropellada por un vehículo que circula a baja velocidad tiene muchas más posibilidades de sobrevivir que alguien impactado por un vehículo que va a alta velocidad. Por eso los límites de velocidad no pueden quedar ambiguos ni sujetos a interpretaciones”, indicó.

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Controles de alcoholemía

Respecto a los controles de alcoholemia, la representante de Bicitekas recordó que este tipo de medidas han contribuido a reducir accidentes relacionados con el consumo de alcohol y han sido reconocidas como una política pública exitosa en la capital del país.

“Los controles de alcoholemia son una herramienta de prevención. Han permitido evitar miles de tragedias y por eso resulta preocupante que la propuesta no establezca con claridad estos mecanismos de protección”, expresó.

De acuerdo con los colectivos, cualquier reforma en materia de movilidad debería fortalecer la protección de los usuarios más vulnerables de la vía pública, particularmente peatones, ciclistas, personas con discapacidad, niñas, niños y adultos mayores.

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“Lo que esperamos es que las y los diputados revisen cuidadosamente la propuesta y escuchen a las organizaciones, a las víctimas y a las personas expertas. Todavía hay oportunidad de corregir el texto para que cumpla con la legislación nacional y garantice el derecho a una movilidad segura”, señaló Carreón.

Analizan acción de inconstitucionalidad contra reforma de Movilidad

Las agrupaciones advirtieron que, de aprobarse la iniciativa ya dictaminada sin modificaciones sustanciales, podrían recurrir a mecanismos legales para impugnarla, como la acción de inconstitucionalidad.

“No descartamos ninguna ruta jurídica. Si la ley que se aprueba contradice lo que establece la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, existe la posibilidad de analizar una acción de inconstitucionalidad. Nuestro objetivo no es litigar por litigar, sino asegurar que la legislación proteja la vida de las personas. Luego de cuatro años de no haber cumplido la ley general, llegan tarde y llegan con una propuesta fallida”, concluyó.

LL