Metrópoli

Nueve personas obtienen su libertad en el Edomex

Reciben apoyo económico a través de fondo estatal, para cubrir la reparación del daño

El Fondo de Reparación del Daño es administrado por un Comité Técnico, integrado por la Consejería Jurídica y el Instituto de la Defensoría Pública. Foto: Especial
29/12/2025 |02:11
Alma Rodríguez
Reportera EL UNIVERSAL EdomexVer perfil

Toluca, Méx.— A través del Fondo de Reparación del Daño 2025, nueve personas han obtenido su libertad al cubrir la reparación del daño a víctimas de delitos, requisito legal para obtener su libertad y avanzar en su proceso de reinserción social.





Este programa estatal brinda un apoyo económico para cubrir la reparación del daño, en lo general ayuda a personas en prisión de escasos recursos a pagar esta reparación a sus víctimas, buscando con ello la justicia integral, y el resarcimiento del daño moral y material.

A través del Instituto de la Defensoría Pública estatal (IDP), el pago de la reparación del daño a las víctimas hizo posible que las personas beneficiadas accedieran a figuras jurídicas como la prelibertad, libertad anticipada, amnistía o sustitutivos de la pena, cuando este era el único requisito pendiente.

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En 2025 se consideraron 15 millones de pesos al esquema denominado Fondo de Reparación del Daño, para lo cual, la Consejería Jurídica a través del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México estableció los mecanismos que normaron su creación y operación conforme a la ley en la materia.

“Es una forma de tener acceso a la justicia por parte de las víctimas y por parte de las personas privadas de la libertad, pues es importante la readaptación social, entonces, es una oportunidad también para reivindicarse, para que también pueda estar con su familia, para que ya una vez que haya compurgado una pena en determinado momento contribuya a la sociedad”, refirió José Carlos Neira Cruz, encargado de Despacho de la Dirección General del IDP.

Explicó que el fondo otorga un apoyo de hasta 300 mil pesos por persona, destinado exclusivamente a cubrir el monto de la reparación del daño impuesto por la autoridad judicial, siempre que este sea el último requisito para acceder a un beneficio de libertad.

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