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Para instaurar un fondo económico de apoyo al desarrollo de las actividades culturales, así como de las expresiones populares, como carnavales, fiestas y ferias, la diputada local del PRI, Mónica Fernández César, presentó una iniciativa para crear la Ley del Fondo de Apoyo a la Cultura de la Ciudad de México.
Explicó que su propuesta es para considerar aquellas actividades que tengan como fin, una expresión humana constructiva, material o inmaterial, tangible o intangible que asegure la perpetuidad de la identidad de las personas, su sentido de pertenencia y la perpetuidad y fortalecimiento de las tradiciones usos y costumbres que hacen cultura en esta ciudad.
El articulado propuesto señala que el Fondo beneficiará a todas aquellas personas físicas y morales, organizaciones sociales y comunidades rurales e indígenas, que promuevan, apoyen, financien o desarrollen actividades de conocimiento, investigación, divulgación, enriquecimiento, conservación y defensa de los valores y expresiones artísticas y culturales tangibles e intangibles.
De la misma manera, asienta que la o el jefe de Gobierno proveerá de recursos financieros que garanticen el desarrollo cultural eficaz, eficiente y sustentable de la ciudad y que dichos recursos no podrán ser menores al 2% del gasto programable anual de la capital.
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A su vez, añadió la priista, corresponderá al Fondo, como mínimo, el 2% del total de recursos que se destinen al sector cultura aprobado anualmente por el Congreso de la Ciudad de México .
Apuntó que las recientes promulgaciones de normas reglamentarias y complementarias relacionadas con la cultura en la capital, brindan ya el marco normativo necesario para que, actividades humanas intangibles como los carnavales sean objeto de una declaratoria de patrimonio cultural, natural y biocultural, que los invista de su valor inmaterial e intangible para la humanidad.
El artículo tercero transitorio, establece que la jefa de Gobierno expedirá las actualizaciones respectivas al Reglamento correspondiente, así como las modificaciones administrativas que se requieran dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la presente ley.
La Iniciativa fue turnada para su análisis y, según el caso, dictaminación a la Comisión de Derechos Culturales.
apr/acmr
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