Luego del incremento de la presencia de presuntos integrantes del narcotráfico y grupos delictivos transnacionales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que se le adjudica el atentado contra el titular de a Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, Omar García Harfuch, jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local han solicitado resguardo policial e, incluso, algunos se niegan a recibir los casos de alto impacto.
El temor de los impartidores de justicia aumentó luego de que también se ordenara investigar y sancionar a los jueces que presuntamente otorgaron la libertad a los familiares de El Marro, en Guanajuato, así como el caso más reciente de El Mochomo, donde incluso EL UNIVERSAL dio a conocer un audio en el cual se revelaría una supuesta negociación entre empleados de un juzgado y la madre del delincuente relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
Bajo condición de anonimato, los jueces locales refieren que en este tipo de audiencias, las de alto impacto, donde deben juzgar y sentenciar a integrantes de grupos criminales, ellos están en doble riesgo.
Explican que por un lado está lo que les representa imputarlos y, por el otro, el escarnio público, pues si los delincuentes no son enviados a prisión de inmediato lo señalan como corruptos o que están en colusión con la delincuencia organizada.
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El temor de los jueces crece, apenas el lunes pasado se dio a conocer el homicidio de un secretario de una sala en el Reclusorio Norte. El hecho despertó la sospecha de los juzgadores, quienes no descartan que fuera una suerte de amenaza en su contra. Luego de eso, cuatro de ellos han solicitado reforzar su seguridad personal, al tiempo que otros intentan hacer todo lo posible para no tomar los casos de alto impacto.
Los jueces que han requerido más seguridad llevan casos relacionados con La Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac, han consignado a integrantes de Los Rodolfos y recientemente atienden a los detenidos del Cártel Jalisco Nueva Generación, relacionados con el atentado, “nos sentimos vulnerables, el ataque al secretario de Seguridad dejó en claro el nivel de agresividad que tienen”, dicen.
“No les importa ni el personaje al que intimidan. Otra cosa, al final del día toda esa responsabilidad cae sobre nosotros, la ciudadanía no conoce bien el proceso y no se dan cuenta de que si dejamos a alguien en libertad es porque no se integró bien un expediente o el caso no esta bien amarrado. Cree que somos corruptos y no es así, nosotros trabajamos con base en la información que nos proporcionan”, detalló un juez que pidió anonimato.
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También advierten que tratarán de dialogar con los administradores del tribunal local, para que en la medida de lo posible las audiencias relacionadas con integrantes de la delincuencia organizada sean privadas, sin acceso a medios de comunicación y que el nombre de ellos se reserve, para no hacerse público, pues temen que las imputaciones desaten una serie de represalias contra sus familiares.