Iniciativa del Gobierno de la CDMX dificulta a capitalinos acceso a vivienda

Aún y cuando la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, argumenta que fomentará la construcción de vivienda que favorezca a las personas en situación de pobreza , la realidad es que cada vez complica más que el trabajador pueda comprar un inmueble, pues pretende incrementar entre 11% y 20% su valor de adquisición.

Así lo revela su iniciativa para reformar la Ley de Vivienda, la Ley de Desarrollo Urbano, el Código Fiscal y la Norma 26, que forma el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, donde los únicos beneficiados serán las empresas constructoras e inmobiliarias, pues les otorga “beneficios fiscales” y todo tipo de acciones.

Prueba de ello, es que mientras la actual Ley de Vivienda, en su artículo 5, fracción LV, sobre “Vivienda de Interés Popular” , establece: “La vivienda de cuyo precio de venta al público es superior a las 5,500 veces la Unidad de Cuenta –en realidad se refiera la Unidad de Medida y Actualización (UMA’s)--, y no exceda de 9,000 Unidades de Cuenta”, ahora, la jefa de Gobierno propone: “Vivienda de cuyo precio de venta al público sea superior a las 6,000 veces de la Unidad de Cuenta y no exceda las 10,800 veces al valor diario de dicha Unidad”.

Es decir, si antes las personas podrían adquirir una vivienda con valor mínimo de 483 mil 948 pesos y máximo de 806 mil 580 pesos, de aprobar el Congreso local la propuesta de Sheinbaum Pardo , ahora el trabajador tendría que pagar entre 537 mil 720 hasta 967 mil 896 pesos , lo que representa un incremento de 11% al 20%.

Sin embargo, mantiene el costo de los derechohabientes de alguna institución de social (como IMSS e ISSSTE) para comprar una vivienda, cuyo costo no podrá ser mayor a las 21,000 UMA’s --es decir, un millón 882 mil 20 pesos--, como lo establece la fracción LVII del mismo artículo 5 de la citada ley.

Además, la iniciativa propone adicionar la fracción LX a dicho artículo 5, relacionado con “Vivienda Sustentable”, en el que establece: “Vivienda cuyo precio de venta al público es superior a 10,800 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA´s) vigente y no excede de 17,314 UMA´s”.

En la explicación de motivos, señala que su administración ha considerado como tema prioritario el “Derecho a la Vivienda”, consagrado en las Constituciones federal y local, que establecen a los ciudadanos “el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa , con condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros, que cuente con infraestructura y servicio básicos…”.

De igual forma, recordó que 4 de noviembre de 2019, creó el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 (PRUVI), “que tiene por objetivo desarrollar instrumentos económicos, técnicos, jurídicos, administrativos, ambientales y sociales que estimulen la producción de vivienda, prioritariamente la producción social de hábitat y el espacio público, que permitan la materialización del derecho a la vivienda adecuada e incluyente”.

En la iniciativa, que presentó ante el Congreso local, la jefa de Gobierno aclara que el PRUVI, “busca la reactivación de la industria de la construcción y de la economía en general, hacer efectivo el derecho a la vivienda al general su producción incluyente, así como la revisión y simplificación de trámites.

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