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En el Puente de La Concordia ya no hay llamas ni ambulancias, pero el silencio que quedó es distinto. A poco más de tres meses de la explosión, las familias siguen contando ausencias, los sobrevivientes cargan cicatrices visibles e invisibles y la zona conserva la memoria de un hecho que cambió cientos de vidas en segundos. La tragedia no terminó cuando se apagó el incendio; continúa en los hogares que perdieron a alguien y en quienes lograron sobrevivir tras semanas de hospitalización.
El 10 de septiembre de 2025, una pipa de gas LP, propiedad de la empresa Silza, volcó y explotó mientras circulaba por el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. La detonación provocó un incendio de gran magnitud que alcanzó vehículos particulares, transporte público y personas que se encontraban en el lugar.
La explosión dejó una cicatriz profunda en Iztapalapa y en toda la Ciudad de México. Desde el primer momento, vecinos, estudiantes, trabajadores de la salud y policías llevaron alimentos, agua y artículos de primera necesidad a los familiares de los heridos, mostrando que la solidaridad puede surgir en los momentos más oscuros.
Al pasar de los días, la tragedia se profundizó con la muerte de 32 personas y decenas de heridos. La última paciente hospitalizada, Yaneth Guadalupe Guerrero, fue dada de alta el 23 de noviembre, cerrando así el periodo de atención hospitalaria directa por el siniestro.
Las vidas que se apagaron después de la explosión
La explosión dejó 32 personas fallecidas oficialmente, sin embargo, no todas perdieron la vida en el lugar del incidente. Varias lograron salir con vida del primer impacto, pero tras el paso de las horas, días o semanas entre hospitales, cirugías y cuidados intensivos, algunas víctimas de la explosión perdieron la batalla; varias más se aferraron a la posibilidad de volver a casa.
Entre las víctimas mortales estuvo Alicia Matías Teodoro, cuyo nombre quedó ligado a uno de los momentos más recordados de la tragedia. En medio del fuego, su reacción fue inmediata: cubrió a su nieta con su propio cuerpo y la sostuvo hasta sacarla de la zona en llamas. Alicia permaneció internada durante dos días en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde médicos intentaron estabilizarla; pero perdió la vida ya que las quemaduras cubrían el 90% de su cuerpo. Su amor y valentía permitieron que la niña saliera con vida. Jazlyn fue trasladada a Estados Unidos para recibir atención especializada en el Hospital Shriners de Galveston, Texas, donde recibió tratamiento por las quemaduras. El 25 de noviembre regresó a la Ciudad de México y actualmente se encuentra en casa con su familia, bajo seguimiento médico a distancia para evaluar la evolución de sus heridas.
Pero otras 31 personas también perdieron la batalla: Ana Daniela Barragán Ramírez, de 19 años, quien fue identificada tras el hallazgo de su teléfono celular y la confirmación posterior mediante una prueba de ADN, luego de varios días de búsqueda en hospitales. Juan Carlos Sánchez Blas, José Gabriel Hernández Méndez y Alí Yael González Aranda, eran estudiantes del Cecyt 7 del IPN. Fernando Soto Munguía, conductor de la pipa involucrada, así como Erik Vicente Acevedo Romero, operador de transporte público que regresó a su unidad para desalojar a los pasajeros cuando sobrevino la explosión.
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En la lista de víctimas figuran además Tiffany Odette Cano González, de 17 años, y su padre Misael Cano Rodríguez, trabajador de la alcaldía Iztapalapa; ambos murieron a consecuencia del siniestro, aunque en momentos distintos.
El bebé de Tiffany, Isaí Santiago, quien los acompañaba el día de la tragedia, logró sobrevivir pese a presentar quemaduras en el 50% de su cuerpo. Fue dado de alta el 7 de noviembre, informó la Secretaría de Salud capitalina.
Laura Lorena Barrera y Gilberto Aarón León Méndez, otras de las víctimas, permanecieron varios días sin identificar, hasta que el 29 de septiembre fueron reconocidos mediante el cotejo de huellas dactilares.
El resto de los occisos son: Irving Uriel Carrillo Reyes, de 20; Carlos Iván Contreras Salinas, de 29; Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, de 57; Juan Antonio Hernández Betancourt; Jorge Islas Flores, de 50; Eduardo Noé García Morales; José Armando Antillon Crescencio, Juan Carlos Bonilla Sánchez, de 41 años; Édgar Santiago Álvarez, de 51 años; Jesús Joel Tovar García, de 40; Omar Alejandro García Escorsa, de 28; Oswaldo Gutiérrez Espinoza de 30 años Eduardo Romero Armas, de 30; Norma Chávez Ortega, de 50; Abril Díaz Castañeda, de 34; Jaime Javier Becerra Urieta, de 49, Jovani Martínez Llanos, de 17 años, María Salud Juaurrita Molina de 35 años; Ricardo Corona de 38 años; Adolfo Franco Madrigal, Oscar Uriel García Rivera de 31 años
Más de tres meses después, sus nombres siguen ligados a una tragedia que no terminó el día de la explosión, sino que se prolongó en cada sala de espera, en cada llamada médica y en cada despedida que nunca debió ocurrir.
Las investigaciones
Las investigaciones sobre la explosión han buscado esclarecer cada detalle de la tragedia que dejó 32 víctimas mortales y más de 90 personas lesionadas. Desde el primer momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) activó diversas áreas periciales, incluyendo criminalística, química, incendios y explosiones, además de especialistas en tránsito terrestre, con el objetivo de reconstruir con precisión científica lo ocurrido.
El 10 de septiembre, la pipa de gas, proveniente de Tuxpan, Veracruz, y conducida por Fernando Soto, tomó una curva al incorporarse a la autopista México-Puebla, perdió el control y se impactó contra un muro de contención. Un segundo golpe provocó la fractura del tanque de gas, generando una fuga que se extendió en un radio de 180 metros y detonó la explosión.
Desde un inicio, las autoridades capitalinas aseguraron que la falta de pericia del conductor fue la causa inmediata del accidente. Bertha Alcalde Luján, titular de la FGJCDMX, explicó: “La evidencia recabada descarta fallas mecánicas, defectos en la vía o causas externas y confirma que la falta de pericia en la conducción fue la causa inmediata”. Además, se destacó que el conductor manejó durante más de seis horas con solo 15 minutos de descanso, rebasó el límite de velocidad en tres ocasiones y no contaba con capacitación adecuada por parte de la empresa propietaria.
Los peritajes también descartaron que factores externos como baches, iluminación o condiciones de la vía hubieran influido en el accidente. Víctor Garduño, perito en hechos de tránsito terrestre, explicó: “La causa inmediata del hecho fue la falta de pericia o habilidad por parte del conductor del tractocamión para mantener el vehículo dentro de su carril de circulación. Este impacto generó daños estructurales y la ruptura del tanque que contenía el gas LP”.
Hasta ahora, la investigación también examina el cumplimiento de la normativa por parte de la empresa Silza, tanto en deberes de cuidado como en las obligaciones legales respecto al transporte de gas LP. La Fiscalía continúa analizando más de 16 especialidades periciales y ha emitido 273 dictámenes técnicos que buscan garantizar que se esclarezcan los hechos y se haga justicia por las víctimas.
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Grupo Silza y las indagatorias contra la gasera
La empresa Gas Silza, filial de Grupo Tomza y propietaria de la pipa que explotó, acumula 32 expedientes administrativos, de los cuales dos han derivado en multas que superan los 160 millones de pesos. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) mantiene inspecciones constantes para verificar el cumplimiento de la normatividad, algunas de las cuales han terminado en sanciones y clausuras.
Hasta el momento, los expedientes con multas millonarias se encuentran en proceso de resolución en el Poder Judicial Federal. La autoridad subraya que estas medidas buscan responsabilizar a la empresa por su papel en la tragedia y prevenir futuros incidentes.
Los acuerdos reparatorios entre las familias de las víctimas y la empresa responsable de la pipa han avanzado significativamente, alcanzando un 90% de cumplimiento.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, calificó estos convenios como “históricos y muy justos”, mientras que la fiscal Bertha Alcalde Luján informó que hasta el 11 de noviembre se habían concretado acuerdos con 78 de las 99 víctimas identificadas, atendiendo casos de fallecimiento, lesiones y daños materiales, y “garantizando que las demandas de los afectados sean escuchadas y atendidas”.
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Prevención que llega tarde
Tras la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, la jefa de Gobierno anunció medidas para regular el transporte de sustancias peligrosas en la Ciudad de México. Se redujo el límite de velocidad a 30 km/h para estos vehículos y se informó de la instalación de radares móviles en los cinco accesos carreteros principales para controlar excesos de velocidad.
Se prohibirá la circulación de pipas con más de 40 mil litros de carga y se limitará la de más de 20 mil litros a entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. También se prohibirá el tránsito por vías secundarias de pipas con más de 10 mil litros y se duplicarán las multas por incumplimiento.
Además, los vehículos deberán contar con dictamen de ASEA y programas internos de Protección Civil. Para obtener la licencia tipo E12 se exigirá constancia de capacitación en manejo de sustancias peligrosas, en coordinación con futuras medidas del Gobierno federal, buscando prevenir que tragedias como esta vuelvan a ocurrir.
Aunque las heridas son profundas, cada gesto de ayuda, cada palabra de consuelo y cada acto de acompañamiento consolidan la memoria de las víctimas y la fuerza de la comunidad. En medio del dolor, la ciudad se mantiene unida, recordando a quienes ya no están y apoyando a quienes aún enfrentan las consecuencias de aquel día.
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dmrr/cr
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