Pensar en un refugio de animales generalmente nos recuerda una causa noble, pues se trata de lugares donde se procura alimento y un sitio seguro a perros o gatos abandonados o que han sufrido violencia. Suelen operar con voluntarios y donaciones de personas que empatizan con la causa, pero ¿quién los regula?
En la Ciudad de México este tipo de espacios están regulados en la Ley de Protección y Bienestar de los Animales —publicada originalmente en febrero de 2002—, cuyo objetivo es la protección de los animales como seres sintientes, explica a EL UNIVERSAL Erika Ornela Montes, especialista en Derecho Ambiental de la Universidad La Salle.
Es en el artículo 4 de dicha ley donde se define que un refugio es un “establecimiento sin fines de lucro, administrado por una persona física o moral, cuya función principal es el cuidado de animales abandonados o retirados de alguna situación de maltrato y que cuenta con la autorización correspondiente, así como con las instalaciones que cumplen la normatividad administrativa, de salud y los principios de protección y bienestar animal, evitando en todo momento el hacinamiento”.

De esta forma, Ornela Montes abunda que, todos los refugios en la Ciudad tienen que contar con una autorización, y las alcaldías son las que tienen el registro de estos espacios y autorizan su funcionamiento. “La alcaldía tiene que supervisarlos, verificarlos y, en dado caso, si es que no estuvieran cumpliendo con la norma, sancionarlos”, indica.
Expone que parte de la labor de estos espacios es también ofrecer a los animales para que la población los pueda adoptar, darles una acogida en sus hogares y un albergue con vida decorosa, lo que, a su vez, se convierte en una forma de colaborar con este tipo de lugares desde la sociedad, y ayudar a que no tengan sobrepoblación, una de las problemáticas que suelen enfrentar.
El caso más reciente de denuncias por maltrato animal en uno de estos espacios -que acreditó la fiscalía capitalina y por ello se rescataron más de 900- es el del Refugio Franciscano -quienes rechazaron los señalamientos- no es el único.

En noviembre de 2024, las autoridades rescataron a más de 20 perros y palomas en un albergue localizado en la colonia Narvarte, en Benito Juárez; o las denuncias por desnutrición y falta de vacunas en animales que pertenecían a rescatistas que se instalaban en el Parque México, caso denunciado por la alcaldía Cuauhtémoc en mayo del año pasado.
Y es que aunque la capital cuenta con esta ley, Ornela Montes apunta que hace falta una ley federal de protección y bienestar animal a la cual alinearse en la materia, para que desde lo general se establezcan conceptos, alcances y criterios claros.
“Creo que tendríamos que empezar por eso, primero expedir una ley federal y que de ahí todas las demás leyes se armonicen”, dice.
Sobre esto, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, afirma que desde agosto del año pasado se ha estado trabajando con organizaciones de la sociedad civil en la iniciativa de la Ley General de Bienestar Animal, la cual, adelanta, se contempla presentar en febrero.

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¿Basta la causa noble?
Se ha normalizado la creencia de que un refugio puede tener hacinamiento o animales enfermos o hambrientos, porque es “una causa noble” de parte de un ciudadano particular que dé altruistamente su tiempo y dinero al rescate, advierte la titular de la Agencia de Atención Animal (Agatan), Ana Villagrán.
Puntualiza a EL UNIVERSAL que como sociedad capitalina se deben encontrar formas de regular y de ayudar a quienes rescatan animales, pero también de tener una normativa al respecto.
“El bienestar animal se concentra justamente en decirnos a todos: privados, particulares, ciudadanos, gobernantes, a todos quienes toman una decisión sobre la vida de un ser vivo, cómo tiene que ser. Con métodos veterinarios, etológicos, de espacio, con criterios hasta internacionales de organizaciones que nos llevan años luz en términos nacionales”, indica.

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Villagrán considera que rescatar un animal implica “una responsabilidad compartida” tanto para el que abandona como para el que rescata, y para el gobierno, por lo que afirma que el anuncio que hizo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para presentar una regulación, es “una gran oportunidad” para apoyar a quienes ayudan a los animales y mantener un control, sin criminalizarlos.
Sostiene que en el último año se han hecho supervisiones a negocios que lucran con la causa del bienestar animal —y que no están prohibidos—, como los hoteles o guarderías para perros, para que se cumpla con las disposiciones de la Ley de Bienestar Animal; por ejemplo, con la presencia de veterinarios durante todo el tiempo que el negocio esté abierto.
“Tanto que tengamos la facultad para poder —digamos— supervisar a todos estos refugios, como la existencia de un padrón que jamás permitiríamos que fuera con un tema de criminalizar o de contabilizar o de algo parecido, sino de empezar a hacer las cosas diferentes”, afirma.

Cuestionada sobre la posibilidad de hacer un censo de los albergues que están en la Ciudad de México, la titular de la Agatan refiere que esto es “un poco complejo” en términos de que se tendría que hacer con los alcaldes o alcaldesas.
Sin embargo, adelanta que desde el Gobierno de la Ciudad de México se contempla la apertura de una convocatoria pública, pues considera que “de manera voluntaria muchos albergues van a registrarse con nosotros”.
¿Y las alcaldías?
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, detalla que se pueden realizar visitas de verificación a este tipo de espacios para asegurar que los establecimientos cumplan con distintos aspectos, como son condiciones de higiene y sanidad: evitar focos de infección o malos olores que afecten a la comunidad; uso de suelo: confirmar que el inmueble tiene permitido operar como refugio o centro de atención y que haya trato digno.
“En caso de que no sean acatados por el albergue, otras instancias del gobierno central podrían actuar a partir de una denuncia formal presentada”, especifica.
Para abrir un espacio de este tipo, la edil enlista que se requiere de un aviso de funcionamiento tramitado ante la alcaldía y, en algunos casos, ante la Secretaría de Salud (si se ofrecen servicios médicos); además de otras trámites como son el Certificado de Uso de Suelo y un registro ante la Agatan.
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