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Congreso CDMX aprueba dictamen para tipificar el hostigamiento coercitivo; nuevas penas y reformas contra la extorsión

El Congreso avaló cambios al Código Penal que sancionan la coacción con hasta siete años de prisión y agravan penas en casos de violencia, vulnerabilidad o uso de menores

CDMX tipifica el hostigamiento coercitivo; Congreso aprueba nuevas penas y reformas contra la extorsión. Foto: Especial
27/05/2026 |11:52
Omar Díaz
Reportero de la sección MetrópoliVer perfil

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para tipificar el hostigamiento coercitivo, y para armonizar el delito de extorsión con lo mandatado en la Ley General en la materia.





En sesión ordinaria, las y los legisladores avalaron cambios al Código Penal local para crear la figura del hostigamiento coercitivo que castiga con una pena de tres a siete años de prisión a quien, mediante violencia física o moral, por sí o interpósita persona, pretenda obligar a otro a hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción u omisión.

Esta pena se agravará hasta en una mitad cuando se empleen armas o instrumentos peligrosos u otro objeto con apariencia, forma o configuración de arma de fuego; cuando se utilice a personas menores de edad; y cuando la víctima sea persona mayor, con discapacidad, niña, niño, adolescente o mujer embarazada.

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Asimismo, la pena se aumentará cuando se empleen imágenes, mensajes escritos, audios o videos de contenido sexual íntimo, ya sean reales o simuladas; cuando el sujeto activo se encuentre privado de la libertad en algún centro penitenciario o de reinserción social, o sea servidor público; y cuando el hostigamiento coercitivo tenga como finalidad impedir la denuncia de un delito o participar en algún proceso judicial o administrativo.

Este dictamen derogó el aumento de penas por el delito de extorsión y las 15 agravantes que apenas habían aprobado, en diciembre de 2024, los legisladores locales.

Al fundamental el dictamen, el diputado Alberto Martínez Urincho destacó que este dictamen nace de una iniciativa promovida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y forma parte del Pacto Contra la Extorsión que su gobierno impulsa, en coordinación con la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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