Brugada propone aumentar penas por despojo en CDMX; iniciativa incluye 14 agravantes para proteger inmuebles

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal, el Código Civil, la Ley Registral y la Ley del Notariado, todas de la Ciudad de México, para aumentar las penas y prevenir el delito de despojo.

Se propone, en el Código Penal, castigar el delito de despojo con una pena de seis a 11 años de prisión, uno más de lo que actualmente ocurre. La iniciativa plantea 14 agravantes para este delito, entre ellas cuando se cometa contra adultos mayores o contra un familiar, cuando participe un servidor público, cuando haya suplantación de identidad, simulación de actos jurídicos, y cuando se trate de un predio declarado área natural protegida.

“Se equipara al delito de despojo y se sancionará con las mismas penas asignadas a este delito a quien a pesar de haber sido requerido por la autoridad competente, mantenga la ocupación sobre el bien inmueble ajeno o bien, continúe impidiendo el disfrute material del mismo”, señala la propuesta.

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Las modificaciones que se proponen al Código Civil buscan establecer la mala fe en la posesión de un inmueble cuando ésta derive de un acto jurídico simulado o de un título que el poseedor sabía o debía saber inválido. También se presumirá la mala fe cuando la posesión derive de un contrato que conste en escritura pública y no se haya inscrito con el fin de obtener un beneficio indebido o perjudicar a un tercero; y se declarará nulo todo acto jurídico que tenga como fin encubrir un despojo mediante simulación contractual.

La iniciativa plantea que en la Ley Registral se establezca que los fedatarios de los estados puedan presentar sus escrituras por medio de recepción física o electrónica. “De ser un particular quien solicite al Registro Público la inscripción de una escritura de otra entidad, en la modalidad de recepción física, con independencia de los otros requisitos que deba cubrir, deberá presentar testimonio para inscripción expedido por el Archivo de Notarías del Estado de que se trate”.

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Por último, se proponen cambios a la Ley Notarial para que la persona notaria sea responsable por aquellos actos que asiente en una escritura pública y que, “por negligencia o mala fe en la verificación registral o documental, deriven en despojos de inmuebles”.

La iniciativa argumenta que el despojo ha empezado a impactar en la vida cotidiana de los habitantes de la capital del país. En la Ciudad de México se reciben, cada vez con mayor frecuencia, denuncias en contra de personas o grupos que, ejercen violencia física o moral para obligar a sus víctimas a entregarles los inmuebles que poseen.

“Las múltiples maneras en que se comete el despojo, su impacto en la dignidad, vida e integridad física y psicológica de las personas, y el derecho a vivir en un entorno libre de violencia, obligan al Estado a replantear la forma de entender y enfrentar esta práctica ilegal para abatirla de manera integral, y así garantizar la plena eficacia del derecho humano a la integridad personal en todas sus dimensiones”, señala la propuesta.

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