A nueve años del terremoto de 2017, la secu 253 no abre sus puertas

A nueve años de los sismos de septiembre de 2017, los alumnos de la Escuela Secundaria 253 José Natividad Macías, ubicada en la colonia Constitución de 1917 de la alcaldía Iztapalapa, continúan sin regresar a su plantel debido a un juicio de amparo promovido por padres de familia que temen por la seguridad estructural del inmueble. Al respecto, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) afirmó que la estructura fue rehabilitada y existen dictámenes elaborados por Directores Responsables de Obra (DRO) que establecen que el riesgo que presentaba el inmueble fue mitigado.

Mientras el litigio continúa, los estudiantes reciben clases a 1.9 kilómetros de su secundaria, en las instalaciones provisionales de la Escuela Primaria Vicentina, en la colonia Leyes de Reforma 1a Sección —a un costado de la UAM Iztapalapa—, en donde fueron habilitados pequeños salones prefabricados de lámina y espacios al aire libre cubiertos con lonas y carpas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Gloria Segura, representante de la organización Vecinos Unidos Constitución de 1917 —y quien en 2017 formaba parte del comité de padres de familia— explicó que después del sismo del 7 de septiembre de 2017 fue acordonado el edificio 2 de la secundaria, donde estaban los laboratorios, debido al riesgo de colapso.

Relató que los estudiantes de segundo grado fueron evacuados de ese inmueble antes del sismo del 19 de septiembre, por lo que no se encontraban dentro cuando ocurrió el temblor. Posteriormente se realizaron evaluaciones estructurales y, ante la intención de que los alumnos regresaran al edificio, un padre de familia —que es abogado— promovió un juicio de amparo para impedir que los menores fueran reingresados mientras no existiera certeza sobre la seguridad del inmueble.

Mientras el litigio continúa, los estudiantes reciben clases en las instalaciones provisionales de la primaria Vicentina. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

La vecina sostiene que el proceso judicial derivó en una resolución que condicionó el regreso de los estudiantes a la demolición y reconstrucción del edificio afectado y que, hasta ahora, dicha resolución no se ha ejecutado en los términos que permitirían reabrir el plantel.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, explicó que el edificio afectado fue sometido a trabajos de reforzamiento estructural y que el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México (ILIFE) fue el encargado de realizar la intervención; dijo que actualmente existen dictámenes elaborados por Directores Responsables de Obra que establecen que el riesgo que presentaba el inmueble fue mitigado y que, después de los trabajos de reforzamiento, la estructura cumple con las condiciones necesarias.

“Ya se mitigó el riesgo que tuvo y ya se hizo la obra de reforzamiento, y ya cumple. En teoría ya podrían regresar, pero el juez y el padre de familia determinan que no lo ven seguro. Entonces se necesita todavía un peritaje, alguien, un tercero que entre a revisar si lo del DRO que hizo es correcto para determinar si entonces se puede o no se puede entrar, y en eso se está. El problema es el amparo, el tema legal que ha hecho que no entren los niños al plantel”, dijo.

La responsabilidad jurídica sobre la escuela, precisó, corresponde a la autoridad educativa federal, por lo que la Sobse permanece atenta a cualquier determinación judicial que pudiera ordenar una nueva intervención para garantizar la seguridad estructural, ya que “todos quisiéramos que los niños pudieran regresar a su plantel”.

En paralelo al conflicto por la reapertura, vecinos de la colonia Constitución de 1917 han expresado su preocupación por el futuro del terreno donde se encuentra el plantel original, ya que Gloria Segura aseguró que desde agosto del año pasado personas vinculadas con la asociación civil AMMOR A.C., acudieron a la zona y convocaron a vecinos para registrarse en listas relacionadas con un eventual proyecto de vivienda, situación que fue descartada por Raúl Basulto, ya que “considero que eso no podría darse porque es un inmueble público destinado a la educación, no sería viable”.

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