LA PAZ, BCS., 30 de enero. - Al menos 38 trabajadores de la educación en Baja California Sur han sido separados de sus funciones administrativas o docentes en diversos planteles del estado, por conductas relacionadas con algún tipo de violencia contra menores de edad.
La secretaria de Educación en la entidad, Alicia Meza Osuna, confirmó que incluso cuatro personas se encuentran en prisión, mientras que otros casos permanecen en distintas etapas del proceso legal, incluyendo vinculaciones a proceso y sentencias definitivas, y desde luego baja definitiva del sistema educativo.
Añadió que en todos los casos se ha actuado conforme el debido proceso y atendiendo el interés superior de la niñez, así como el respeto a los derechos humanos.

Explicó que cuando un trabajador es vinculado a proceso se procede a su separación inmediata del servicio educativo. En los casos donde la investigación se encuentra en curso, se activa un protocolo preventivo que impide cualquier contacto con menores, y es reasignado para ello a un área distinta, en labores administrativas (si fuese el caso de docentes implicados).
Meza Osuna remarcó que ante cualquier señalamiento que han recibido en lo que va de la presente administración -cuatro años- han actuado conforme el protocolo y legalidad, y han retirado al personal involucrado en la convivencia escolar como medida de protección.
Con todo, recordó que el personal que ha sido señalado e investigado tiene derechos y mecanismos legales para ejercer su defensa, y se ha respetado.
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La secretaria añadió que en los meses recientes han actualizado protocolos dentro del sistema educativo para atender estas situaciones, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes en centros escolares de todo el estado.
Cabe mencionar que desde el 2021, en el arranque de la administración, entre los primeros reclamos hacia la institución fueron los casos de abuso, acoso, hostigamiento, incluso violación sexual que denunciaron en planteles de diferentes municipios.
Padres de familia de La Paz y Los Cabos sobre todo evidenciaron que por años se habían dejado pasar estas conductas en planteles y con cartulinas y protestas en los centros educativos, presionaron por visibilizar el tema.
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