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Chilpancingo.— Tres meses después de que comunidades de Chilapa fueron atacadas a balazos y con drones, la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, dieron un informe de los resultados del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero”.
Este lunes, la secretaria y la gobernadora encabezaron la presentación del plan en Chilapa.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina, dijo que de 316 familias desplazadas ya han regresado 264, y queda pendiente el retorno de 52.
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El plan se implementa en 19 comunidades de los municipios de Chilapa, Atlixtac, Olinalá y Zapotitlán Tablas. En esas poblaciones se realizan 800 acciones que benefician a más de 22 mil pobladores.
La secretaria Rosa Icela Rodríguez afirmó que el plan está integrado por 13 ejes: construcción de paz, seguridad, justicia, campo, medioambiente, salud, cultura, educación, bienestar, infraestructura, conectividad, alimentación y vivienda.
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A su vez, Arturo Medina informó que la Fiscalía General de la República abrió 32 carpetas de investigación por los hechos de violencia de mayo pasado.
Sin embargo, el único detenido en estos meses ha sido el dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo.
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La violencia
Del 6 al 11 de mayo, el grupo criminal Los Ardillos atacó a los pobladores de las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán. Los criminales cercaron los pueblos, luego entraron y quemaron casas, cortaron la energía eléctrica y también la telefonía.
Los habitantes denunciaron que les dispararon desde los cerros y les lanzaron explosivos desde drones artillados.
Los pobladores huyeron hacia Alcozacán, la comunidad vecina. El saldo de ese ataque: 800 personas desplazadas y 12 asesinadas.
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A inicio de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de Jesús Plácido Galindo, dirigente del Cipog-EZ.
El viernes 17 de julio, en un retén del Ejército, unos 40 militares detuvieron a Plácido Galindo. La fiscalía lo acusó de homicidio agravado y de estar vinculado a la organización criminal Los Rojos o Los Tlacos.
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El Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, quien defiende legalmente a Plácido Galindo, ha denunciado que la acusación es una fabricación de la fiscalía para criminalizar la lucha social.
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