La cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán por parte del Gobierno de los Estados Unidos debió limitarse a ser un asunto de ellos dos: de quien de manera privada recibió la comunicación del hecho y de quien, de la misma manera, tomó y comunicó la decisión. Comprendido el propósito dentro de esos límites administrativos y comunicacionales, todo debió reducirse a que una persona supiera que un país no aceptaba ser visitado por él y a que ese país pudiera rechazarle el ingreso cuando pretendiera hacerlo. Así pudieron transcurrir las cosas, pero no fueron de tal forma.
Andrés Manuel López Beltrán no solo decidió revelar la decisión que sobre su visa había recaído, sino que elevó el hecho al rango de protesta personal con la pretensión de que se convirtiera —como efectivamente sucedió— en una cuestión de trascendencia nacional. La revocación de un documento o condición de un gobierno extranjero es, en principio, una cuestión que únicamente importa al afectado. El tema trasciende al Estado o al colectivo cuando la afectación tiene esa magnitud. López Beltrán no desempeña ni realiza función alguna con esos alcances. La cancelación de su visa no afectó al Estado mexicano, no le impuso ninguna condición al gobierno de la presidenta Sheinbaum ni mucho menos, atentó contra el partido o el movimiento al que pertenece. Revocarle la visa a quien pretende obtener un escaño en las elecciones del próximo año no alcanza para comprometer la soberanía nacional en ninguna de sus modalidades jurídicas o políticas.
Lo que fue y sigue siendo un asunto estrictamente personal fue escalado por López Beltrán para convertirlo en un tema de todos. Su logro no se debe a la calidad o importancia objetiva de lo reclamado, sino a la subjetividad resultante de su filiación política y sus funciones dentro de la coalición gobernante. Sabía que su carta al presidente Trump no era relevante ni sería considerada. Pretendía que lo pendenciero de sus palabras arrastraría a los deudores de su padre y a los propios. Hay que reconocerle que se salió con la suya. La presidenta de la República, los gobernadores cuatroteístas y otros valedores hicieron propio y nacional lo que debió haberse mantenido como un tema privado de López Beltrán.
Por lo que a él corresponde, fue un acto egoísta. Se olvidó del país al que dice amar y del gobierno al que dice apoyar, al llevar sus asuntos personales a la de por sí compleja discusión bilateral con los Estados Unidos. La psicología de esa decisión puede provenir de la fantasiosa consideración de su papel en la vida nacional o, también, de la mera precaución por los visibles angostamientos de su paterna legitimidad y los ensanchamientos de los horizontes de propia responsabilidad.
Por lo que ve al gobierno y sus coros, ha sido un error la puesta en escena de los guiones del intervencionismo y del injerencismo. No es posible considerar que en ellos tenga cabida la revocación de una visa a un ciudadano común por el gobierno que la expidió. Por tratarse de un hijo de un expresidente de la República y de un notable de la coalición gobernante, el acto administrativo estadounidense puede causar molestia, asombro o perturbación. Sin embargo, y salvo que se admita la transpolación de la soberanía nacional o de los intereses de México en la familia López Obrador, nada de ello puede considerarse un acto en contra de una o de los otros. La decisión de López Beltrán y las jeremiadas que la acompañaron son o bien una muestra rigurosa del patrimonialismo lopezobradorista, o bien una manifestación más de lo que Samuel Johnson advirtió hace doscientos cincuenta años al afirmar que “El patriotismo es el último refugio de un canalla”.
Ministro en retiro de la SCJN. @JRCossio
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