El viernes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum le dijo al titular de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas lo siguiente: “Mira, hay que gobernar con sentido común y para la gente. Cuando la norma se pone por encima de la gente y el sentido común, está mal. No cumplas con la norma; eso es lo que te estoy diciendo”. Lo dicho por la presidenta fue comparado de inmediato con las que en distintas ocasiones expresó el entonces presidente López Obrador: “Que no me vengan a mí, de que la ley es la ley”.
Diversos comentaristas consideraron que entre unas palabras y otras había una especie de continuidad; que, una vez más, Claudia Sheinbaum era la extensión de su antecesor. Discrepo de esta perspectiva puramente continuista. Entre lo dicho por el expresidente López Obrador y por la actual titular del Ejecutivo Federal hay importantes diferencias y consecuencias distinguibles.
Cuando López Obrador decía que a él no le vinieran con que “la ley era la ley”, estaba realizando un ejercicio de concentración personal. Era a él a quien no podía invocársele la ley; era él quien se encontraba fuera del alcance de la ley, y era él quien determinaba su observancia o su desconocimiento. Sus discursos pretendían alcanzar un grado de máxima centralización en su persona conforme a sus propios criterios o caprichos. Parafraseando otras declaraciones frecuentemente utilizadas por él: nadie, salvo él mismo, se encontraba ni podía llegar a colocarse al margen de la ley.
A diferencia de López Obrador, lo dicho por Claudia Sheinbaum constituye un ejercicio de completa descentralización. No es ella quien determinará la aplicación de las normas. Conforme a sus afirmaciones, ello corresponderá a los propios funcionarios. Serán estos quienes disciernan si están o no por encima de la gente o del sentido común. Serán ellos quienes, acatando el dictum presidencial, valorarán en cada caso concreto las condiciones de aplicación de las normas a partir de los criterios enunciados por la presidenta.
La orden dada por la presidenta es un buen ejemplo de la importancia de la ley como marco más o menos objetivado de convivencia y gobernabilidad. Ello se debe a que, por una parte, establece los supuestos generales a partir de los cuales se esperan comportamientos predecibles; porque, por otra parte, busca evitar situaciones erráticas como las que previsiblemente se suscitarían con el acatamiento de órdenes como las recientemente pronunciadas por ella misma.
Si los funcionarios tuvieran que dilucidar en cada caso y sin un marco general de referencia —como el que precisamente proporciona el derecho— cuando las normas están por encima de la gente o del sentido común, sería imposible conducir adecuadamente las actividades propias de su cargo y, con ello, la gobernabilidad democrática mínima.
Los marcos de referencia de López Obrador sobre el derecho buscaban centralizar en él sus condiciones de aplicación. Sus palabras sobre el derecho pretendían constituirlo a él como el gran decisor sobre lo que jurídicamente era aceptable y sobre lo que legítimamente podía hacerse al margen del derecho. Lo que Claudia Sheinbaum hizo es completamente distinto: trasladó la aplicación del derecho a la subjetividad de los servidores públicos. De manera popular y en un tono justiciero delegó el cumplimiento del derecho creado con la legitimidad democrática de los representantes populares, en los entendimientos, intereses, resentimientos o anhelos de cada cual. Una cosa es lo que dijo y pretendió lograr López Obrador y otra, muy distinta, lo que dijo y podría posibilitar la presidenta Sheinbaum.
Ministro en retiro de la SCJN. @JRCossio