Chilpancingo.— Parte de lavolvió a sembrar amapola. ¿Qué la trajo de vuelta? La falta de servicios básicos, de caminos, de escuelas, hospitales, la ausencia de profesores y médicos, de trabajo. La falta de alternativas. El olvido la trajo de vuelta.

El regreso de los plantíos de amapola en la Sierra es una realidad. Apenas el 28 de enero, pobladores de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan bloquearon la carretera en la comunidad serrana El Capulín para impedir que un convoy del destruyera sus plantíos de amapola.

Los pobladores les impidieron el paso en protesta: denunciaron que militares han estado destruyendo los sembradíos con la promesa de que les entregarían beneficios sociales, pero eso no ha ocurrido.

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Hace siete años, los cultivos de amapola comenzaron a desaparecer debido a que el precio del kilo de opio se desplomó de 25 mil pesos a 6 mil. Foto: Especial
Hace siete años, los cultivos de amapola comenzaron a desaparecer debido a que el precio del kilo de opio se desplomó de 25 mil pesos a 6 mil. Foto: Especial

Los pobladores explicaron que hace dos semanas acordaron con autoridades federales y estatales que militares destruyeran sus plantíos y a cambio los inscribirían a programas sociales, así como la realización de obras, sobre todo, caminos.

“Queremos que en una mesa de trabajo nos digan cuáles son los beneficios para este 2026 para los pueblos de la Sierra. Queremos que nos digan que ahora sí nos mandarán maestros, médicos, que habrá rehabilitación de caminos y que nos incluirán en el programa de Sembrando Vida”, dijo uno de ellos.

Los pobladores denunciaron que funcionarios les prometieron una reunión con la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, en la localidad de Puerto del Gallo, para tratar los beneficios que recibirían por dejar que militares destruyan sus sembradíos de amapola.

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El 28 de enero, pobladores bloquearon la carretera en la comunidad El Capulín para impedir que el Ejército destruyera sus plantíos de amapola. Foto: Especial
El 28 de enero, pobladores bloquearon la carretera en la comunidad El Capulín para impedir que el Ejército destruyera sus plantíos de amapola. Foto: Especial

“Nos engañaron y por eso estamos aquí protestando y exigimos que nos digan en el gobierno cuándo, ahora sí, es la reunión que puede ser en Puerto del Gallo o en el mismo Atoyac”, dijo el poblador.

Hace unos siete años, los cultivos de amapola comenzaron a desaparecer, el precio del kilogramo de opio —la goma que se extrae de la amapola—, pasó de unos 25 mil pesos a 6 mil. Dejó de ser rentable: el gasto que hacían los campesinos, en la siembra, en los cuidados y en la cosecha, era mucho mayor al pago final que recibían.

En estos años hubo pocos cambios en sus pueblos, las autoridades no repararon los caminos, no construyeron escuelas, hospitales, no llegaron los profesores, ni los médicos. Sólo les ofrecieron el programa federal Sembrando Vida.

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En estos siete años de gobiernos de Morena —seis con Andrés Manuel López Obrador y uno con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— los pueblos de la Sierra de Guerrero siguen en las mismas condiciones de pobreza.

A inicios de diciembre de 2025, comisarios de unas 70 comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, en plena Sierra, anunciaron que volvería a sembrar amapola ante la falta de apoyos. Esa vez, denunciaron que muchos campesinos de esas localidades habían quedado fuera del programa Sembrando Vida para 2026.

Señalaron que habían “apostado” a concentrarse en el programa federal y dejar los cultivos de amapola.

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“Hoy, ante la necesidad, cientos de campesinos han regresado a la siembra porque no nos queda otra alternativa de sobrevivencia”.

Denunciaron que el delegado de los Programas Bienestar, Iván Hernández Díaz, de plano no les atendía ni tampoco les respondía las llamadas.

“No nos atiende ni tampoco nos contesta, al contrario: se casa y hace fiesta en medio de la tempestad”, señalaron.

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Después de la denuncia, el delegado de los Programas Bienestar subió a la Sierra y desde ahí negó la falta de apoyos del gobierno federal; afirmó que en los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan había unos 5 mil “sembradores” y en todo Guerrero unos 30 mil.

Hernández Díaz aseguró que las denuncias de falta de apoyos la hicieron personas “ajenas” a la Sierra.

En la protesta de diciembre, los comisarios advirtieron que no permitirán que militares destruyan sus plantíos.

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Antiguo sostén económico

Arturo García Jiménez, fundador de la Coalición de Ejidos de la Costa Grande de Guerrero (Cecgg), afirma que en la zona rural, como la Sierra, tras la caída del precio del kilogramo de opio, la pobreza se ha agudizado.

Explica que con la desaparición de los cultivos de amapola también se esfumó el ingreso de cientos de familias.

García Jiménez señala que alrededor de 43% de los guerrerenses viven en la zona rural y, a pesar de eso, el gobierno de Guerrero asigna menos de 1% del presupuesto público.

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“Nos dan 7 mil 300 pesos por persona sin importar si tienes media hectárea o una hectárea. Eso lo divides entre 365 días, nos dan 34 pesos diarios. ¿Esto va a ayudar a fomentar la producción y a ir salir de la pobreza?”.

Agrega: “En la zona rural, la gente está igual de pobre o más pobre, por un lado su edad va avanzando, su capacidad de trabajo se reduce, su suelo se va deteriorando, sus cultivos van a la baja, sus caminos jodidos”.

Hace una década, el estado de Guerrero era considerado el principal productor de goma de opio en el país y a los campesinos les llegaban a pagar unos 25 mil pesos por kilogramo.

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En 2016, el entonces comisario de Filo de Caballos, en el municipio de Heliodoro Castillo, Arturo López Torres, señaló que en la Sierra había más de mil 281 pueblos que tenían como base económica la cosecha del opio: 50 mil pobladores comían y vestían gracias a ese cultivo.

Según el entonces comisario, por cada hectárea sembrada se cosechaban cinco kilogramos de opio. Si por lo menos en cada una de las mil 281 comunidades cultivaban una hectárea, en la Sierra cada cinco meses cosechaban 6 mil 405 kilogramos de goma.

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