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Desde 2021 el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operó una estructura criminal para hacerse del control político y administrativo de diversos municipios de Jalisco, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).
Uno de ellos fue Tequila, donde el alcalde morenista Diego Rivera Navarro, alias El Presidente, fusionó la actividad criminal con el poder político para extorsionar, secuestrar, torturar y amedrentar a comerciantes, artesanos, empresarios del ramo tequilero y a sus adversarios políticos para quitárselos de su camino.
De acuerdo con la indagatoria a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, Rivera Navarro, hoy preso en el penal de El Altiplano, lideraba un grupo delincuencial al servicio del CJNG, conformado por el gabinete de primer nivel con sede en el Palacio Municipal de Tequila.
El alcalde morenista coordinaba a sus subordinados para cometer diversos delitos y cumplir con la entrega de 40 millones de pesos anuales que pactó con el CJNG, como pago por su apoyo electoral para llegar a la presidencia municipal.
En la indagatoria ministerial se refiere que Diego Rivera Navarro utilizaba a Diego López Ibarra, actualmente prófugo de la justicia, como su principal asesor, tesorero del ayuntamiento, operador político y enlace con los grupos criminales regionales.
En tanto, el director de seguridad municipal, José Manuel Pérez Sosa, quien fue detenido también, lo usaba como brazo armado encargado de realizar secuestros y cobro de las cuotas a comerciantes, empresarios y artesanos.
A Pérez Sosa se le identifica como enlace con Severo Flores Mendoza, El Rey Mago, un operador del CJNG identificado como enlace con las policías municipales de Jalisco.
Al jefe de gabinete del Ayuntamiento de Tequila, Julio César Limón Trigueros, se le señala de administrar los ingresos que el grupo criminal obtenía de los secuestros y extorsiones; a Juan Gabriel Toribio Villarreal, jefe de Catastro y Predial, se le acusa de participar en el secuestro de los candidatos de Morena Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez.
En la indagatoria también se señala a Raquel Nañez Bugarin, esposa de El Presidente; Francisco Javier Rivera Gutiérrez, alias Faraón, director de Padrón y Licencias; Osmara Araujo Aceves, directora de Recursos Humanos, e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas.
La FGR tiene en la mira a tres integrantes más de la red criminal que el morenista Diego Rivera operó desde el Ayuntamiento de Tequila y que se dieron a la fuga.
Se trata de Diego López Ibarra, tesorero municipal y ejecutor de las órdenes de Rivera Navarro para las extorsiones y secuestros a comerciantes y empresarios de la localidad; Julio César Limón Trigueros, jefe de gabinete municipal, señalado de administrar no sólo las finanzas del municipio sino los ingresos en razón de los secuestros y extorsiones realizados a la población; así como Severo Flores Mendoza, alias El Rey Mago, identificado como enlace del cártel con las policías municipales de Jalisco, y que es requerido por las agencias de seguridad de Estados Unidos.
La investigación de la FGR señala que el alcalde morenista de Tequila se presentaba con sus colaboradores y la policía municipal en negocios exigiendo dinero para dejarlos trabajar. A los comerciantes del centro del municipio les exigía entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales para no cerrar su negocio; quienes no accedían a pagar eran secuestrados y en algunos casos asesinados.
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Dictan prisión preventiva
Un juez de Control dictó prisión preventiva oficiosa al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, alias El Presidente, quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
El morenista compareció este viernes ante Mario Elizondo Martínez, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, quien ordenó su reclusión por su presunta responsabilidad en el secuestro del precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, Guillermo Cordero García, y de Julio Alejandro García Gutiérrez, su suplente, en marzo de 2021.
Durante la diligencia, la FGR acusó a Rivera Navarro de levantar y torturar a ambos políticos para obligarlos a renunciar a sus aspiraciones políticas para abrirse camino para la presidencia municipal.
Rivera Navarro y sus colaboradores más cercanos levantaron a los morenistas para forzarlos a firmar su renuncia, misma que ambos presentaron en marzo de 2021 ante el Instituto Electoral de Jalisco, tras ser puestos en libertad.
La indagatoria señala que un grupo armado encabezado por El Presidente los golpeó y los mantuvo en cautiverio en una de las casas de seguridad.
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