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Durante un operativo de búsqueda en la comunidad de Cerro de Ortega, Tecomán, donde en enero pasado desaparecieron el defensor de Derechos Humanos, Ricardo Lagunes Gasca, y el líder indígena Antonio Díaz Valencia, la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas y la Comisión Estatal de Búsqueda localizó un predio con 10 fosas clandestinas de las que hasta el momento se han extraído 26 restos óseos y humanos que aún no han sido identificados.
El encargado del Despacho de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, Héctor Javier Peña Meza, y la comisionada estatal de Búsqueda de Personas, Areli Santos Alatorre, no aclararon a cuántas personas pueden corresponder los restos.
Indicaron que los restos fueron trasladados a los descansos del Servicio Médico Forense para iniciar con los procedimientos necesarios para su identificación y después permanecerán en el centro de resguardo ubicado en Coquimatlán para esperar a que sean reclamados por sus familiares.
Informaron que tras las investigaciones que se realizan en ese municipio para tratar de localizar a varias personas, se obtuvo una orden para catear un predio en la comunidad de Cerro de Ortega, colindante con Michoacán.
En la búsqueda intervinieron binomios caninos y se utilizaron diferentes tecnologías para detectar inhumaciones clandestinas; durante el operativo también se aseguraron tres vehículos.
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Mapa de fosas clandestinas
El mapa de fosas clandestinas presentado en marzo pasado por la Comisión Nacional de Búsqueda señala a Tecomán como el municipio del país en el que se han encontrado más centros de inhumación clandestina durante el presente sexenio, con 206, y establece que Colima es el segundo estado con más fosas localizadas (305) sólo por debajo de Veracruz (323).
Sin embargo, el mapa no revela cuántos cuerpos han sido rescatados de estos sitios y la Fiscalía de Colima se ha negado a transparentar esa información; desde el pasado 10 de abril EL UNIVERSAL solicitó a la dependencia información al respecto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y aunque se estableció que el plazo máximo para entregar la información era el pasado 20 de abril, la Fiscalía no respondió a la solicitud, por lo que se interpuso una queja ante el órgano garante.
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