Todo es legal

Octavio Romero Oropeza llegó a la mañanera dispuesto a aclararlo todo. Frente a los cuestionamientos sobre su patrimonio, el director del Infonavit desplegó fechas, créditos, terrenos y explicaciones. Aseguró que “tiene manera de comprobarlo todo”.

Porque esa parece ser la nueva fórmula de rendición de cuentas en la 4T: se descalifica la revelación como “campaña de difamación”, el funcionario ofrece su propia versión, asegura que todo es verificable y listo, su palabra basta.

Todo mientras, en el mismo comunicado o conferencia en el que explican sus millones, todavía encuentran espacio para hablar de austeridad.

El pequeño detalle es que días antes la declaración patrimonial de Romero permanecía confidencial. Sólo después de que Claudia Sheinbaum le pidiera transparentarla conocimos un patrimonio declarado de 47.5 millones de pesos, casi 37 millones en inmuebles.

Para demostrar que todo era perfectamente comprobable primero hubo que pedirle que nos permitiera verlo. Y ahora hasta deberíamos agradecer el gesto: la transparencia convertida en concesión del poderoso al ciudadano.

Eso es mentir con la verdad. Porque declarar un bien sólo acredita que fue declarado; no demuestra la congruencia entre ingresos, patrimonio y origen de los recursos. Mucho menos sustituye una revisión independiente.

Y casos sobran. Bartlett y sus propiedades; Sandoval-Ackerman y su patrimonio inmobiliario; Nahle y sus casas; Noroña y su residencia de 12 millones; Mario Delgado y el departamento de 15 millones que apareció declarado en 1.5. Herencias, trabajo, créditos, ahorros, donaciones y hasta errores de dedo. Siempre hay una explicación.

Hace unos días el escándalo le tocó a Carlos Ulloa: dos departamentos adquiridos de contado por 22.4 millones de pesos. Otra vez ahorros, ventas, años de trabajo y herencias.

Pero esta vez ocurrió algo todavía más revelador.

Ante el escándalo, Claudia Sheinbaum sentenció: “Todo es legal”.

Tres palabras. Sin investigación previa, revisión independiente ni autoridad que contrastara ingresos, operaciones y patrimonio. La revelación periodística encontró respuesta inmediata en la máxima autoridad del país: absolución presidencial.

Quizá ninguna frase resuma mejor la degradación de aquella promesa de regenerar la vida pública.

Primero fue “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Después, “se debe gobernar con humildad”. Más tarde descubrimos que la austeridad republicana era para gobernar, aparentemente no para los gobernantes. Hasta llegar al “todo es legal”.

Ahí se cerró el círculo: quienes prometieron barrer la corrupción de arriba hacia abajo ahora pueden declarar desde arriba que abajo no hay nada que investigar. Ni siquiera hace falta simular una investigación. La sospecha aparece y el poder se concede a sí mismo la absolución. Caso cerrado.

México siempre ha tenido políticos sospechosamente prósperos. La diferencia es que éstos llegaron haciendo de su supuesta superioridad moral una credencial para conquistar el poder. Después de casi ocho años, la rapacidad resulta difícil de dimensionar tanto por las cantidades como por la acumulación de casos y la normalidad con la que se suceden.

Todo frente a millones de mexicanos que trabajan una vida entera sin poder comprar una vivienda y observan a una clase política que, curiosamente, ahora resulta que siempre fue millonaria. Y en un país cada vez con menos instancias independientes capaces de comprobar el origen de tanta súbita prosperidad.

Desaparecieron al INAI, concentraron sus funciones en el propio gobierno y después anunciaron la “transparencia total” por decreto. Semanas más tarde, la Presidenta tuvo que pedirle a uno de sus funcionarios que hiciera pública una declaración patrimonial que debería serlo por obligación. Cuando no debería ser necesario ni el decreto ni la orden desde Palacio para cumplir la ley.

Pero al parecer hoy la transparencia dejó de ser un derecho para convertirse en un favor. Y si alguien hace demasiadas preguntas, ya conocemos la respuesta: “Todo es legal”.

@bravolucy