Paquete Económico 2027: consolidación bajo supuestos frágiles

Cada septiembre, la Secretaría de Hacienda traduce en números lo que se espera para el país al año siguiente: cuánto crecerá, cuánto gastará y con qué deuda lo sostendrá. El Paquete de 2027 se plantea con el mismo optimismo de siempre. Sin embargo, la propuesta ya no es de crecimiento, sino de sostenibilidad: bajar el déficit y recaudar más, incluso con medidas que no corrigen la estructura tributaria de fondo. Conciliar el discurso con la evidencia exigirá algo más que supuestos frágiles repetidos cada año. La pregunta no es si las cuentas cuadran para 2027, sino si las reglas que las sostienen pueden perdurar más allá del ciclo electoral sin frenar la inversión ni ampliar la informalidad.

De entrada se ajusta el crecimiento a un rango de 1.5-2.5% (desde 1.9-2.9 de abril). El próximo año será marginalmente más favorable que el cierre de este, empero la meta de crecimiento de 2026 quedará sin alcanzar. En contraste, Hacienda sostiene que las metas fiscales de este año sí se cumplirán, con un déficit presupuestario de 3.6% y Requerimientos Financieros de 4.1%. Con estas metas de crecimiento, la convergencia hacia tasas de expansión de 3–4% requeriría reformas estructurales que el Paquete no detalla: hace falta planeación.

Ciertamente hay indicadores que mejoran, pero sin solidez clara. La inflación cerraría 2026 en 3.5% y convergería a 3.0 en 2027, con una tasa de referencia que bajaría de 6.5% a 6.0%. La estabilidad de precios y del peso ofrece respaldo, pero el impulso productivo sigue concentrado en el sector externo. Las exportaciones crecieron 27.7% anual a julio, impulsadas por manufacturas no automotrices de tecnología, muy por encima del avance de las importaciones. En contraste, ese dinamismo se diluye ante una inversión doméstica todavía cautelosa. De igual forma la inversión pública total caería 12.3% en términos reales, lo que limita el efecto multiplicador en infraestructura y productividad.

El gasto neto total rondará los 10.5 billones de pesos, apenas 0.7% de incremento real. Los programas sociales prioritarios y la inversión física equivalen, cada uno, a 2.6% del PIB. Proteger lo social y elevar la inversión sin nuevos impuestos es viable solo si el gasto se vuelve más eficaz. En un año electoral, las prioridades adquieren una dimensión política, de modo que destinar 1.2 billones de pesos a programas sociales, 1.1 a salud y 1.3 a educación sostiene el bienestar, pero no garantiza ganancias de productividad si la inversión productiva se contrae.

Al mismo tiempo, la estrategia de ingresos presume no crear nuevos impuestos, pero traslada el ajuste a quienes ya pagan. Los ingresos presupuestarios sumarían casi 9.2 billones de pesos, de los cuales 6.3 billones provienen de fuentes tributarias (la brecha frente al gasto se cubre con un déficit de 1.358 billones de pesos). Esa recaudación alcanzaría 15.9% del PIB, con un aumento real de 5.9%, apoyada en topes al acreditamiento de pérdidas y a la deducción de intereses que, según el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, elevarán el costo para empresas formales.

A ello se suma una carga laboral que seguirá creciendo: la jornada irá en descenso y las cuotas patronales encarecen la contratación y empujan a más negocios hacia la informalidad. Cobrar más a la misma base sostiene la meta, pero estrecha el margen para invertir. Según los Criterios Generales, nueve de cada diez empresas con ingresos positivos no pagan ISR o su tasa efectiva es mínima, de modo que la fiscalización, sin simplicidad, presiona estructuralmente al cumplido. Ampliar la base y reducir tasas efectivas mínimas sería más consistente con la sostenibilidad tributaria.

En la práctica, financiarse cuesta más y la deuda sigue en una trayectoria ascendente sin oportunidad de revertirse en el mediano plazo. Los Requerimientos Financieros se ubicarían en 3.9% del PIB para 2027, mientras el saldo histórico llegaría a 55.0% del PIB, 3.6 puntos porcentuales por encima de lo aprobado para 2026. La consolidación avanza, pero a un ritmo menor al prometido, y el costo financiero sigue absorbiendo aproximadamente 4% del PIB cada año. La trayectoria ascendente de la deuda exige una regla fiscal más estricta que la sola reducción marginal del déficit.

El problema es que la meta de déficit de 2026 no se cumplirá y ello siembra dudas sobre la de 2027. Si los cálculos ya fallaron una vez, repetir el mismo ejercicio con supuestos similares no garantiza un resultado distinto, especialmente si la base es crecimiento limitado y mayor recaudación sin política hacendaria. No se puede asimismo soslayar que, con elecciones en puerta, el riesgo es que la brecha se siga ampliando como parte del ciclo presupuestario.

El Paquete sostiene lo prioritario (estabilidad, programas sociales e inversión pública) mientras la deuda continúa subiendo y la meta de consolidación se apoya en supuestos que el propio 2026 ya desmintió. La meta fiscal de 2027 es alcanzable, pero exige corregir los errores, las desviaciones y las improvisaciones. El riesgo no es que las cuentas se desordenen abruptamente, sino que se siga “pateando el balón” lo que llevaría a un estancamiento sin bienestar real.

*Presidente de Consultores Internacionales, S.C.

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