Mérida, Yucatán. - Un grupo de extrabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sureste se manifestó este lunes a las afueras del Congreso del Estado para expresar su rechazo a la iniciativa conocida como “tope a pensiones doradas”, al considerar que vulnera sus derechos laborales.
Los inconformes exigieron que no se modifiquen ni limiten los ingresos que perciben, tras años de servicio, ya que su principal preocupación es que la propuesta contemple efectos retroactivos, lo que, aseguraron, contraviene principios constitucionales.
Sergio Ortega, vocero del movimiento, advirtió que la medida pondría en riesgo la estabilidad económica de cientos de familias que dependen de estas pensiones.
“Exigimos respeto a las condiciones bajo las cuales nos jubilamos. No se pueden cambiar las reglas después de haber cumplido con nuestras obligaciones laborales”, expresó durante la protesta.
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Los jubilados sostienen que sus percepciones derivan de contratos colectivos y aportaciones acumuladas durante décadas, por lo que no deben ser sujetas a recortes.
En ese sentido, hicieron un llamado a los diputados locales para que intervengan y eviten cualquier modificación que afecte el régimen pensionario vigente.
La movilización se desarrolló de forma pacífica mientras una comisión buscaba ser recibida por integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para entregar formalmente sus demandas. Entretanto, el acceso al recinto legislativo permaneció resguardado por personal de seguridad.
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La Cámara de Diputados aprobó una reforma para establecer un tope a las llamadas “pensiones doradas” del personal de confianza en organismos públicos, como parte de una política de contención del gasto. La medida fija un límite máximo de 70 mil pesos mensuales, equivalente al 50% del salario del titular del Ejecutivo federal.
La iniciativa ha generado inconformidad entre jubilados, quienes han salido a manifestarse y cuestionan la legalidad de la reforma, particularmente por posibles efectos retroactivos.
El debate se centra en el alcance real de la medida y su impacto en los derechos adquiridos, mientras el gobierno federal la defiende como un paso hacia la austeridad y una mayor equidad en el sistema de pensiones del país.
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