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El 5 de diciembre de 2025, por órdenes del alcalde Diego Rivera Navarro, personal del ayuntamiento de Tequila arribó a las instalaciones de la emblemática tequilera José Cuervo y la clausuró argumentando supuestos adeudos fiscales y falta de varias licencias para operar.
Las autoridades municipales reclamaron también el pago de 60 millones de pesos por parte de la empresa para cubrir el impuesto predial, a pesar de que el año anterior el costo del impuesto apenas superó el millón de pesos, según lo declarado entonces por la tequilera.
El caso es un ejemplo de lo que era un secreto a voces en el municipio -cobros excesivos, amenazas y una conducta prepotente por parte del presidente municipal- y ahora, todo cobró una nueva dimensión.
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Las autoridades estatales intervinieron tomando el control de la destiladora ante el riesgo que generaba el paro intempestivo de procesos térmicos que podrían generar una explosión y convocaron a una mesa de negociación para resolver el conflicto entre el municipio y la empresa.
El 11 de diciembre se llegó a un acuerdo para reabrir la tequilera: el ayuntamiento se comprometió a definir con claridad y certeza jurídica la situación catastral del predio que ocupa la empresa y ésta pagaría algunas multas y recargos; sin embargo, la tequilera consideró que lo hecho por el alcalde no era correcto y decidió denunciarlo ante la Fiscalía de Jalisco.
El gobierno del estado informó entonces que al menos 10 empresas y comerciantes habían interpuesto denuncias por corrupción contra Rivera Navarro; además recordó que tres regidoras también lo demandaron por violencia política de género; “hay viso de ingobernabilidad en Tequila”, señaló la autoridad estatal entonces.
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Pero los conflictos de Rivera Navarro comenzaron desde marzo de 2025, cuando sin permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cerró el edificio patrimonial donde se encuentra el Museo Nacional del Tequila para construir oficinas para el ayuntamiento y un departamento para su descanso; ante las denuncias presentadas por la institución federal, en junio de 2025 la FGR aseguró el recinto.
Violencia contra regidoras
Actualmente las regidoras Alondra Moreno (PRI), Evelin Castañeda (independiente) y Luz Elena Aguirre (Morena), cuentan con medidas de protección debido a que han denunciado amenazas y hostigamiento por parte de Rivera Navarro tras negarse a aprobar su solicitud para endeudar al ayuntamiento.
El hecho generó que el 19 de diciembre de 2025 las secretarías de la mujer de los partidos Morena, MC, PAN y PRI, emitieran un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación por lo que ocurría en el municipio.
“El ejercicio del poder por parte del presidente municipal ha derivado en prácticas sistemáticas de intimidación, abuso de autoridad y violencia institucional. Desde el inicio de su gestión, su gobierno ha sembrado un clima de miedo. La gravedad es tal que las regidoras hoy cuentan con medidas de protección, incluido el dispositivo ‘pulso de vida’, tras determinarse que existen condiciones que ponen en riesgo su integridad física y el libre ejercicio de su cargo”.
aov/cr
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