Exalcalde de Tihuatlán, Veracruz denuncia persecución política desde prisión; pide intervención de Sheinbaum y Nahle

El exalcalde y excandidato perredista del municipio veracruzano de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez –quien se encuentra preso por diversos delitos, entre ellos homicidio- solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Rocío Nahle García al denunciar que sufre una persecución política y judicial.

“He decidido alzar la voz y hacer públicos estos abusos por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y de algunos jueces del Poder Judicial del Estado de Veracruz que se han prestado a estos abusos, porque ya ha sido demasiado, no soy un delincuente, se me persigue injustamente, se me han fabricado todos estos hechos, que uno a uno han anulado Jueces Federales”, afirmó.

El político -quien enfrenta juicios por el homicidio del exdiputado federal y excandidato suplente de Morena, Nicanor Martínez Olguín y por despojo- acusó ser objeto de diversos delitos, entre ellos privación ilegal de la libertad y tortura; colusión, falsedad de informes policiales y fabricación de delitos; omisión de autoridades y violación al debido proceso; y traslados injustificados y re-victimización.

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En una carta abierta, llamó a diversas instancias a revisar su caso, investigar “la persecución política” de la que es objeto, frenar la fabricación de delitos en su contra y una audiencia para sus familiares, quienes –dijo- cuentan con videos y pruebas de los delitos cometidos en su contra.

Fue en abril del 2021 cuando la dirigencia del PRD denunció que un comando armado sacó de su negocio y se lo llevó con rumbo desconocido al ex alcalde y su candidato a la presidencia municipal de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez.

El político, en la carta abierta, denunció que el grupo delincuencial lo torturó y obligó a declararse culpable del asesinato del exdiputado federal, Nicanor Martínez Olguín, para luego entregarlo a policías estatales y presentarlo ante autoridades ministeriales donde lo vincularon a proceso.

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Después de dos años de estar privado de la libertad, un juez federal ordenó cesar la prisión preventiva y determinó resguardo domiciliario; sin embargo el pasado 9 de enero fue sacado de su domicilio y reingresarlo al penal bajo la excusa de una fuga de combustible en la zona.

Cuando su defensa había logrado acreditar que la fuga de combustible fue falsa y era trasladado a su domicilio, se le ejecutó una nueva orden de aprehensión, ahora por el presunto delito de despojo de un terreno, por el cual un juez le impuso medida cautelar de prisión.

Denunció que para atender todos los casos en su contra, aun y cuando estos han sucedido en diversas jurisdicciones estatales, se usa siempre a los mismos fiscales, de nombres Luis Antonio Domínguez Diaz y Manuel Medel Hernández.

“Les ruego le otorguen audiencia a mi familia y abogados, para que les lleven los videos y pruebas de todo lo que en este documento se narra, que es 100% verídico”, pidió.

LL