El Congreso no interpreta leyes, responde presidenta de Jucopo en Sinaloa a defensa legal del alcalde de Ahome; exigen su restitución

Culiacán, Sin.- El Poder Legislativo no tiene facultades para interpretar la ley; esa facultad es atribución de los órganos judiciales, respondió la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Estado, Teresa Guerra Ochoa, en respuesta a la petición de abogados de que se restituya en el cargo al destituido alcalde de Ahome.

Señaló que si existen criterios nuevos jurisprudenciales, deben hacerse valer en la instancia judicial competente, no ante el Congreso del Estado, que en el caso del desafuero y destitución del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, fue a solicitud de la Fiscalía General del Estado.

La tarde del miércoles pasado, los abogados del desaforado alcalde de Ahome, Vargas Landeros, solicitaron al Congreso del Estado que cese todos los efectos del juicio de procedimiento que instauraron en su contra, lo restituyan en el cargo, ya que las auditorías que le practicaron no cumplieron con el marco legal.

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Citaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en forma reciente resolvió una controversia constitucional, en la que resolvió que en todos los mecanismos de investigación de recursos federales, es competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, fue la instancia local la que realizó la revisión.

Los juristas Luis Antonio Sánchez, Alejandro Hernández y Guillermo Vázquez, asesores jurídicos del depuesto alcalde de Ahome, indicaron que ante este criterio, se le resta a los entes estatales en revisión de cuentas la facultad para auditar recursos federales, como sucedió a su defendido.

A través de un documento entregado en la Oficialía de Partes, de la actual legislatura local LXV, los abogados de Vargas Landeros solicitaron al Poder Legislativo que resuelva su petición en base a los parámetros constitucionales, como lo fija la controversia constitucional ya resuelta.

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El pasado mes de octubre del 2025, un juez de control vinculó a Gerardo Vargas Landeros a un tercer proceso judicial por el delito de ejercicio indebido del servicio público, por haber celebrado un contrato en el 2021 de prestación de servicios para recuperar participaciones federales e impuestos, sin licitar.

Derivado de una auditoría practicada de carácter estatal, Gerardo Vargas fue desaforado y retirado del cargo de alcalde, por haber celebrado un contrato de arrendamiento de 126 patrullas, con un costo de 171 millones de pesos, sin haber cumplido con el requisito de licitación previa.

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