Defensa de Roberto Borge llevará caso a la CIDH; acusa a Panamá de violar el tratado de extradición y sus derechos humanos

Las probables violaciones procesales cometidas por el gobierno de Panamá, en agravio del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, así como las condiciones de reclusión que enfrentó durante su estancia en el centro penitenciario La Chirola, tras su detención en junio de 2017, serán llevadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informó el abogado, Arturo González Baso.

En entrevista con El Universal, el litigante, quien ve el caso de Borge Angulo en aquel país, señaló que la defensa prepara acciones para que se determine si el Estado panameño incurrió en violaciones al Tratado de Extradición vigente con México y en afectaciones a los derechos humanos del ex mandatario quintanarroense durante el proceso que culminó con su entrega a las autoridades mexicanas en enero de 2018.

El anuncio se produce a dos meses de que Roberto Borge fue absuelto del delito de delincuencia organizada, resolución que, de acuerdo con sus representantes legales en Panamá, reabre el análisis sobre la legalidad de la ampliación de la extradición autorizada por el Gobierno panameño en 2022.

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El equipo de defensa, integrado por los abogados Carlos Carrillo y Gomila, Arturo González Baso y David Carrillo, sostiene que la autorización para ampliar la extradición con el propósito de incluir ese quinto delito por Delincuencia Organizada fue concedida en contravención del Tratado de Extradición entre la República de Panamá y México.

Según los abogados, el principio de especialidad previsto en ese instrumento internacional impedía ampliar la extradición por hechos idénticos o vinculados con aquellos que sirvieron de fundamento a la solicitud original presentada por las autoridades mexicanas.

Explicaron que el cargo de delincuencia organizada tenía como propósito sustentar la responsabilidad penal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conducta que ya formaba parte de la causa penal por la que Panamá autorizó la extradición de Borge en 2018.

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En términos sencillos, el delito federal por el que Borge fue detenido originalmente en Panamá, es Operaciones con recursos de procedencia ilícita o "lavado de dinero", relacionado con el remate del patrimonio territorial del estado, a precios por debajo de su costo para beneficiar a amigos, familiares y gente afín a su grupo político.

Ese delito, junto con otros tres del fueron común motivaron su extradición en 2018 a México.

Posterior a ello, en 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) le formuló un nuevo delito, el quinto, por Delincuencia organizada, con base en los mismos hechos que el de Lavado de dinero y Peculado, argumentando que para el remate de inmuebles patrimonio del estado, Borge tuvo que configurar una red de complicidades que lo hiciera posible.

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Para imputarle ese delito la FGR tenía que obtener la autorización del gobierno de Panamá, pues solo podía ser juzgado por los delitos que dieron pie a su extradición.

En 2020, la Fiscalía solicitó a aquel país el levantamiento de la Regla de Especialidad para ampliar los delitos materia de extradición, a fin de imoutarle el delito de Delincuencia organizada en su modalidad de Operaciones con Recursos de procedencia ilícita.

El 21 de julio del 2021 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá autorizó la excepción al principio de Especialidad contenido en el Tratado de Extradición del 2004, lo cual fue notificado en agosto de ese año para proceder a imputar el nuevo delito.

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Desde la perspectiva de la defensa del ex gobernador, la decisión adoptada por el gobierno de Panamá representó una extralimitación de sus facultades, lo que podría generar responsabilidad internacional por un eventual incumplimiento del tratado bilateral de extradición y de las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

González Baso también informó que analizan la actuación de las administraciones encabezadas por los expresidentes panameños Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo Cohen, así como de la entonces vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, Isabel Saint Malo de Alvarado, por las decisiones adoptadas durante el procedimiento de extradición y su posterior ampliación.

De manera paralela, la defensa prepara acciones relacionadas con las condiciones de reclusión que enfrentó Roberto Borge en el centro penitenciario conocido como La Chirola, donde permaneció privado de la libertad entre el 22 de septiembre de 2017 y el 4 de enero de 2018, previo a su traslado a México.

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Arturo González Baso afirma que durante ese periodo su cliente recibió un trato que calificó como "cruel, inhumano o degradante", por lo que buscan que organismos internacionales revisen las condiciones en las que permaneció recluido y determinen si existieron violaciones a sus derechos humanos.

Por ello, el equipo jurídico considera —sostuvo— contar con elementos para promover acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., como paso previo al eventual conocimiento del caso por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que determinaría, en su caso, la responsabilidad internacional del Estado panameño.

Roberto Borge Angulo fue detenido en junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando se disponía a viajar a Francia.

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Posteriormente permaneció sujeto al proceso de extradición solicitado por el Gobierno de México hasta su entrega a las autoridades mexicanas en enero de 2018.

En mayo de 2026 fue absuelto por el quinto delito —Delincuencia organizada— por lo que abandonó su reclusión el pasado 26 de junio, con un brazalete electrónico y la imposibilidad de abandonar el país, pero permanece sujeto a prisión domiciliaria por el primer delito que dio pie a su extradición, el de Lavado de dinero.

LL