Crisis del Issstezac: entre la legalidad y la quiebra

Zacatecas.— El gobierno de Zacatecas enfrenta un nuevo conflicto con pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma de 2024 que reducía de 60 a 30 días el aguinaldo de dicho sector. La sentencia obliga a restituir el pago completo, lo que reaviva un conflicto social, financiero y político.

Mientras los pensionados celebran el triunfo que obtuvieron tras cuatro años de litigio y exigen se cumpla la sentencia, el gobernador David Monreal Ávila dejó entrever que el fallo lo debe resolver directamente el organismo descentralizado con recursos propios y no su administración. Además, calificó de “irresponsable” la resolución de la SCJN por no tomar en cuenta que se trata de un sistema de pensiones “en quiebra y tronado” que tiene “pensiones doradas”, que superan los 100 mil pesos mensuales.

El abogado de los jubilados, Jorge Rada, dice que se trató de un litigio que se ganó por ser derechos adquiridos de los trabajadores y porque la reforma de 2024 era inconstitucional, considera que las declaraciones del gobierno “sólo destruye la división de poderes, al no reconocer la legitimidad de la Corte (…) y quienes resolvieron son los nuevos jueces del bienestar”.

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El exmagistrado Arturo Nahle coincide que este caso “es meramente jurídico” y que los ministros actuaron correctamente por tratarse de derechos universales y considera que “la resolución de la SCJN era previsible, era un juicio que desde inicio estaba perdido para el gobierno estatal. Lo hubiera ganado cualquier abogado, hasta un estudiante de Derecho, por tratarse del principio de irretroactividad”.

Agrega: “Me sorprende que un abogado como el gobernador David Monreal, y que los diputados que aprobaron esa reforma, no conozcan el principio de irretroactividad establecido en el artículo 14 constitucional que puntualmente dice: ‘A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna’”.

Una bola de nieve

Ignacio Sánchez, director del ISSSTEZAC señala que este organismo se creó hace 40 años, pero nació con el Fondo de Pensiones descapitalizado, ya que desde 1987 se reconoció la antigüedad de un centenar personas que nunca aportaron al fondo, pero fueron pensionadas.

Otra causal —explica—, es que al paso de los años el fondo se llenó de personal del sector educativo.

Inicialmente fue pensado en los trabajadores del gobierno estatal, a través de su sindicato (Sutsemop), pero luego se integró a los agremiados de telesecundarias (Sitez), al magisterio del SNTE y del Colegio de Bachilleres (Cobaez); a este último le atribuye la descapitalización: “este sindicato no ha cumplido con las aportaciones de sus cuotas, pero sus agremiados sí reciben sus pensiones”.

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Refiere que hace cuatro años, el gobierno estatal recibió 4 mil 500 pensionados; ahora son 6 mil 514, y este año se estiman 620 más; se presume que el sexenio cerraría con 8 mil. En tanto, la nómina de pensiones en 2021 costaba 77 millones, hoy son 126 millones, y en 2027 subirá a los 150 millones.

En la página del ISSSTEZAC, en el apartado de Transparencia proactiva, se puede consultar la crisis financiera reportada hasta el corte de noviembre de 2025; se revela que actualmente hay 18 mil 122 derechohabientes y 6 mil 614 pensionados: 2 mil 422 de la Sección 58 del SNTE, mil 555 del Sutsemop, mil 488 del Sitez y 292 del Cobaez.

También se destaca una tabla con los rangos de pensiones y las más altas corresponden a los agremiados de telesecundaria, que alcanzan los 110 mil pesos al mes; del magisterio, hasta 80 mil; del Cobaez, 74 mil; de confianza, 63 mil, y del Sutsemop, 45 mil pesos.

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El director Ignacio Sánchez explica que “no hay simetría, cada vez hay más pensionados en comparación con el número de trabajadores activos que aportan para pagar las pensiones actuales y futuras”; la tasa es de 2.78 activos por cada pensionado, casi tres trabajadores aportan para pagar una pensión; sin embargo, advierte que llegarán a un punto crítico.

“Cuando la tasa sea de 1.5 cotizantes por pensionado, se estarían enfrentando unos con otros, eso se debe evitar”, precisa.

“A nosotros nos explotó la bomba”, dice Sánchez, y señala que el ISSSTEZAC, desde su origen, arrastra “problemas que han sido una bola de nieve”. Considera que la reforma de 2015 fue la peor decisión, por agregar al catálogo de prestaciones el aguinaldo con 60 días, ya que “antes los gobiernos también pagaban esos aguinaldos, pero bajo acuerdos extralegales que se hacían con la Junta Directiva”.

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Al formalizar en la ley ese aguinaldo —dice—, Zacatecas se convirtió en la entidad, junto con Michoacán, en tener trabajadores que reciben dos pensiones: “la que otorga el IMSS y la del ISSSTEZAC. Ahora, son tres con la pensión del Bienestar”.

El funcionario justifica la reforma de 2024, al afirmar que era una solución que daba viabilidad financiera al Fondo de Pensiones, ya que el estudio actuarial en 2023 arrojaba que el déficit financiero ascendía a 53 mil millones, pero tras la reforma fue sólo de 4 mil millones: “eso le daba vida al instituto lo que resta de este sexenio y dos más”.

Admite que, para cubrir las obligaciones, una alternativa es la reserva técnica y vender los bienes inmuebles: “el sistema de pensiones de Zacatecas se invirtió en hoteles, centros recreativos y terrenos”, pero revela que un terreno valuado en 240 millones de pesos no ha podido salir en las subastas.

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“Herencia desde Ricardo Monreal”

Jorge Rada explica que inició la defensa de 5 mil jubilados en 2021, cuando el gobierno anunció la política de recalcular las pensiones y al dejar de pagar los aguinaldos a los pensionados que le permitió obtener más de 2 mil amparos federales.

Sin embargo, dice, la respuesta del gobierno estatal fue recurrir a la reforma en 2024, que redujo de 60 a 30 días el aguinaldo, y ante la presión jurídica se terminó el caso en la Consejería Jurídica y finalmente el pasado 12 de enero, la SCJN corrigió la plana al Congreso local y resolvió a favor de los jubilados.

Reprocha que la retórica de David Monreal es que recibió “una herencia maldita”, pero, aclara que eso sería señalar que “esos derechos adquiridos datan del sexenio de Ricardo Monreal, cuando se comenzaron a otorgar prestaciones que no tenían un sustento económico o financiero a largo plazo, entre ellos este aguinaldo, el que se le otorgó a la clase magisterial de 90 días”.

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Señala que “en el sexenio de Ricardo (1998-2004) el patrimonio que hoy acumula el ISSSTEZAC se adquirió con las aportaciones de jubilados y pensionados. Se realizaron inversiones ilegales no permitidas por la ley, se compraron hoteles, diversos establecimientos comerciales que ahora se están vendiendo. Se cometieron muchos errores en ese sexenio relacionados con el patrimonio, como la venta de terrenos que quedaron como propietarios actores políticos (…), de todo eso no se habla, se destaparía una caja de Pandora en Zacatecas”.

El abogado concluye que hoy existe una sentencia que el gobierno debe acatar, porque “en sus propias leyes de austeridad y disciplina financiera se auto-obliga, dentro del presupuesto ordinario se establece prever, financiar y garantizar el pago de pensiones, jubilaciones y sentencias definitivas”.

Agrega que la autoridad “no puede hablar de quiebra, porque no se trata de empresas, sino de instituciones públicas, no es correcto que usen esos términos para no pagar”.

El caso se ha llevado a instancias internacionales; el pasado jueves, el despacho de abogados presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra las autoridades estatales que “se han negado de manera reiterada y sistemática a cumplir con lo resuelto por la SCJN”, y por considerar que “se han agotado en su totalidad todos los recursos internos disponibles dentro del sistema jurídico mexicano”.