Comisionada de Atención a Víctimas de Morelos tramita amparo contra orden de aprehensión o localización; juez desecha solicitud

Cuernavaca, Mor.- Eva Penélope Picazo Hernández, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV) presentó un juicio de amparo contra el libramiento, existencia o ejecución de cualquier orden de aprehensión, comparecencia, localización o presentación en su contra.

Sin embargo, el juzgado sexto de Distrito, desechó su petición porque existe otra petición de amparo de la misma promovente, en los mismos términos y contra los mismos actos.

La comisionada es materia de investigación por la Fiscalía Anticorrupción en por lo menos siete carpetas de investigación por falta de cumplimiento en cuanto a los derechos que tienen las víctimas de ser atendidas en sus reclamos, que conforme a derecho les asiste la ley y la justicia, dijo el fiscal especializado Leonel Díaz Rogel.

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Subrayó que las denuncias contra la titular de la CEARV son de víctimas del delito y consideró que la institución debiera atender a las víctimas y no invertir tiempo, dinero y esfuerzo en otros temas tan deleznables que se convierten en temas de la politiquería. Las víctimas, dijo el fiscal, requieren de mucha atención.

Conflicto entre el fiscal y la comisionada

De forma indirecta Díaz Rogel se refirió a la denuncia que presentó Picazo Hernández ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del propio fiscal y su hijo Leonel Díaz Grajales, éste último extrabajador de la CEARV y por tanto conocedor de los casos que llevaba la Comisión.

Picazo acusó que ambos formaron parte de una red de abogados que asesoraba a víctimas del delito para obtener los recursos por reparación del daño, y al final cobraban “moches” de hasta el 25%.

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La denuncia fue presentada el 6 de febrero pasado y publicada por la prensa el 6 de abril, sin embargo, el mismo día de su presentación fue desechada por la FGR, a través de su unidad especializada en combate a la corrupción (FEMCC), así lo informó la dependencia el 14 de abril pasado.

El Ministerio Público Federal puntualizó que la denuncia carecía de una narración detallada de los hechos y la promovente no presentó evidencia de conductas ilícitas bajo su jurisdicción, por lo que la fiscalía especializada declaró su falta de competencia para proceder.

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