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El delito de la extorsión debe ser prioridad nacional porque, a pesar de que hay una disminución en los ilícitos se expande con rapidez por “la ausencia de acciones contundentes”, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En 2025, en 20 de las 32 entidades aumentó la variación anual de la extorsión, “en casi dos tercios del país este delito creció respecto al año previo”, sobre todo en Tlaxcala en 1,300%, Chiapas 364.3%, Ciudad de México 264.4%, Nayarit 171.4%, Yucatán 100%, y Puebla 84.4%, lo que muestra incrementos de más de dos dígitos y que hay disparidad en las estrategias locales.
Dicho delito se convirtió “en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México. No se trata de un fenómeno aislado ni transitorio, sino de una presión constante que afecta decisiones de inversión, encarece la operación cotidiana y limita la capacidad de crecimiento de las empresas, particularmente en determinadas regiones”.
En un comunicado la Coparmex afirmó que “la extorsión se consolida como un delito estructural que continúa expandiéndose y afectando directamente la operación de las empresas, sin mostrar señales de contención efectiva”.
Del 2015 al 2025 ese ilícito subió 78%, con un número anual de víctimas que pasó de 6 mil 223 a 11 mil 81, lo que muestra que estamos ante un problema que no es coyuntural.
Recordó que las conclusiones de #DataCoparmex mostraron en el indicador #MásSeguridad que el 46.8% de las empresas fue víctima de al menos un delito y fue la extorsión el segundo delito con mayor número de casos.
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Los encuestados de dicha consulta dijeron que dos de cada tres extorsiones fueron vía telefónica y una “se vinculó con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad, lo que agrava el daño económico y mina la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el Estado de derecho”.
El sindicato patronal pidió colocar “la extorsión como prioridad nacional de política pública. Si bien es relevante la aprobación de la Ley General para combatir este fenómeno, resulta indispensable que, con toda prioridad, los gobiernos locales constituyan las unidades especializadas en las Fiscalías Estatales para atender este grave delito. Fortalecer el Estado de Derechos, garantizar seguridad efectiva y combatir con inteligencia a los grupos que operan al margen de la ley es indispensable para proteger la inversión, preservar empleos formales y asegurar que las empresas puedan operar sin coerción”.
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