Debilidad institucional del gobierno impulsa informalidad, acusa Canaco CDMX; así dejó crecer la delincuencia organizada, advierte
El organismo empresarial consideró que su expansión también se debe por la impunidad
En el país se registra un crecimiento de los negocios que operan en la informalidad sin que el gobierno frene esta situación con acciones que reviertan el problema, aseguró la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).
El presidente de dicho organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, consideró que así como se dejó crecer a la delincuencia organizada el sexenio pasado, al no hacerse nada para atacarla, “algo similar podría suceder con la actividad informal si siguen dejándola proliferar, será muy difícil combatirla en el futuro”.
Solamente del 2018 al 2023 la proporción de unidades económicas informales creció de 62.6% a 64.3%, lo que equivale que hay más de 3.5 millones de establecimientos que operan fuera de la formalidad ya sea negocios fijos, semifijos o móviles.
Añadió que a pesar del “peligroso crecimiento de la actividad económica informal” no hay “acciones oficiales que permitan frenar y revertir este problema”.
El organismo empresarial consideró que “su expansión se ha visto impulsada no solo por la debilidad institucional, sino también por la impunidad que han convertido a la informalidad en una fuente de ingresos para las organizaciones criminales”.
Agregó que es una situación preocupante porque la informalidad se vincula a la venta de “productos de origen desconocido, sin controles de calidad, ni garantías, lo que debilita los cimientos de la economía formal”.
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Por una parte, la operación de los negocios fuera de la formalidad facilitan la distribución de mercancía ilícita y, por otra, afectan al fisco, a la sociedad y la productividad.
El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, dijo que “permitir el crecimiento de la informalidad equivale a aceptar un modelo de desarrollo caracterizado por baja productividad, ausencia de contratos laborales, falta de acceso a la seguridad social y, sobre todo, la producción y comercialización de bienes y servicios que incumplen las normas que rigen la economía formal y el Estado de derecho”.
desa/mgm
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