Acusaciones desde EU contra Rocha sacuden a Sinaloa; S&P coloca calificación del estado en revisión especial negativa
La entidad enfrenta mayor incertidumbre financiera ante posibles restricciones de acceso a crédito
La calificadora Standard and Poor’s colocó en revisión especial negativa la calificación ‘mxA’ de Sinaloa, tras las acusaciones de Estados Unidos de posibles vínculos con el crimen organizado contra el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya.
“Consideramos que el entorno del financiamiento del Estado de Sinaloa se podría volver más desafiante tras los anuncios realizados el 29 de abril de 2026 por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, en un contexto en el que eventuales restricciones al acceso a financiamiento de la banca comercial representarían un riesgo incremental para su liquidez, la cual ya evaluábamos como menos que adecuada”, dijo la agencia en un comunicado.
De acuerdo con la firma, el ajuste en la calificación crediticia de emisor en escala nacional de largo plazo de ‘mxA’ del Estado de Sinaloa en el listado de revisión especial con implicaciones negativas, cual refleja su opinión de un entorno más desafiante para las condiciones de financiamiento de la entidad.
“Dados los recientes acontecimientos, aún es prematuro para determinar la magnitud de su impacto en la administración financiera del Estado de Sinaloa, su posición de liquidez y su desempeño presupuestal. En este sentido, iremos incorporando el desarrollo de los eventos conforme exista mayor visibilidad, con el fin de definir un nuevo escenario base. La resolución del estatus de revisión especial con implicaciones negativas dependerá de nuestra evaluación de estos factores”, dijo la agencia.
Standard and Poor’s recordó que anteriormente, su calificación de Sinaloa tenía una perspectiva negativa, la cual ya incorporaba la persistente contratación de deuda de corto plazo, la vulnerabilidad de su posición de liquidez y el deterioro en su desempeño fiscal.
“En nuestra opinión, el anuncio realizado ayer, por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, aumenta la incertidumbre sobre nuestra opinión respecto al acceso a fuentes de financiamiento del Estado”, dijo.
La agencia resaltó que continuará monitoreando el impacto indirecto de este anuncio, así como sus efectos en su evaluación de liquidez y de la administración financiera de Sinaloa.
“Actualmente, nuestra evaluación de liquidez es menos que adecuada dado el bajo nivel de efectivo de libre disposición, frente a su servicio de deuda proyectado. El Estado ha utilizado regularmente líneas de crédito de corto plazo para cubrir sus necesidades de financiamiento. Seguiremos de cerca la viabilidad para refinanciar su deuda de corto plazo en los próximos meses”, dijo.
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Al 31 de diciembre de 2025, recordó, el saldo de la deuda de Sinaloa ascendía a un monto de siete mil 182 millones de pesos, integrado por 4 mil 487 millones de largo plazo y 2 mil 695 millones de deuda de corto plazo.
Detalló que la deuda de largo plazo se compone por nueve créditos bancarios que se encuentran en un fideicomiso de fuente de pago que cuenta con la afectación del 28.84% del Fondo General de Participaciones (FGP) que le corresponde al Estado.
“Los acreedores de la deuda de corto plazo son Banorte, Banco Santander México y BBVA México, Revisaremos que el pago de la deuda se realice en tiempo y forma, la cual es quirografaria”, añadió.
Caso Rubén Rocha Moya: ¿de qué cargos lo acusa EU?
Ayer, 29 de abril de 2026, autoridades de Estados Unidos acusaron al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntos vínculos con el narcotráfico, particularmente con el Cártel de Sinaloa, catalogado como organización narcoterrorista por el gobierno de EU.
La acusación incluye señalamientos de haber facilitado operaciones de tráfico de drogas hacia ese país y de recibir apoyo del crimen organizado, incluso durante su campaña electoral.
De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, Rocha Moya y otros funcionarios han participado en una red de corrupción que protegía actividades delictivas a cambio de beneficios políticos y económicos.
En caso de que las acusaciones resulten ser verídicas, podrían implicar sanciones graves bajo la ley de Estados Unidos.
Por su parte, el gobernador rechazó los señalamientos y aseguró que son falsos, afirmando que no renunciará a su cargo.
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