Ayotzinapa preocupa a ONU; fue legal, dice procuraduría

La oficina de derechos humanos de la ONU en México expresó su preocupación por la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de atribuir sólo “faltas leves” a funcionarios acusados de cometer delitos graves en las investigaciones del caso Ayotzinapa.

En respuesta la PGR aseguró que las imputaciones se hicieron en apego irrestricto a Derecho a la ley orgánica de la institución, a las pruebas y la calificación de las conductas de los servidores públicos.

Una de los acusados de irregularidades es el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien llevó a un detenido sin compañía de un abogado, a una diligencia que nunca fue registrada en el expediente.

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, señaló que desde un inicio su oficina documentó “graves violaciones a derechos humanos” contra personas detenidas por la desaparición de 43 estudiantes en 2014.

“La oficina cuenta con elementos de convicción respecto a la comisión de actos de tortura contra numerosas personas procesadas, detenciones arbitrarias, transgresiones al debido proceso y el quebranto del derecho a la verdad, cometidas, entre otros, por funcionarios de la PGR”, dice un comunicado.

Jarab afirmó que el área de asuntos internos cambió de rumbo en su indagatoria después de que, al principio, la estaba realizando conforme a los más altos estándares.

“Es lamentable el viraje que se produjo, cuyo resultado final significa una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa”, dijo.

Esa actuación después resultaría clave para sustentar la versión de la fiscalía, desacreditada por peritos independientes, de que los estudiantes habían sido calcinados en un basurero. Zerón argumentó que tuvo que proceder de esa manera porque había elementos de urgencia.