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Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de las normas y los artículos de la reforma educativa que hacen obligatoria la evaluación al magisterio.
En lo que fue la segunda sesión, el máximo tribunal avanzó en la revisión del amparo 295/2014 presentado por un grupo de 70 maestros disidentes que se oponen a ser evaluados.
En el avance, los ministros indicaron que son constitucionales las leyes de Servicio Profesional Docente, ley general de Educación y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Asimismo, los artículos 52 y 53, octavo y noveno transitorios de la ley General del Servicio Profesional Docente.
El proyecto del ministro Fernando Franco González Salas plantea que con la Ley General del Servicio Profesional Docente no se transgreden los derechos de los maestros, ya que de no obtener un resultado favorable en su tercera evaluación, no serán cesados sino que tendrán la oportunidad de continuar con su plaza pero en otras tareas.
El proyecto, que se perfila a ser avalado por los ministros, propone que los derechos laborales no están por encima del derecho a tener una educación de calidad.
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La discusión continuará el próximo jueves.
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