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El reciente bloqueo vial en las avenidas Coyoacán y Matías Romero por parte de habitantes de la alcaldía Benito Juárez encendió las alarmas sobre el crecimiento del delito de despojo en la Ciudad de México.
Ante la inacción institucional denunciada por la comunidad, usuarios en redes sociales revivieron el material audiovisual grabado por el creador de contenido Yulay, en el que un presunto invasor detalla las tácticas operativas que emplean las redes dedicadas a la apropiación ilegal de inmuebles tanto en el Estado de México como en la capital.

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Vecinos de la alcaldía Benito Juárez alertan sobre el modus operandi urbano
Integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) de la colonia Del Valle expusieron que los grupos dedicados a la invasión ejecutan un reconocimiento previo en la zona. De acuerdo con el testimonio brindado por Alicia Camps, representante vecinal, las personas recorren las calles tocando los timbres de los domicilios para medir los tiempos de respuesta y cerciorarse de que las propiedades se encuentren totalmente deshabitadas antes de ingresar a ellas.
La organización ciudadana, agrupada en un canal de comunicación de más de mil 500 integrantes, denunció que existe evidencia visual sobre la reincidencia de los mismos individuos en distintos inmuebles. Asimismo, los afectados señalaron la presunta intervención de elementos de seguridad pública que brindan protección a los ocupantes irregulares.
Por esta razón, la comunidad organizada optó por intervenir de forma directa para recuperar las propiedades y exigir un resguardo perimetral permanente a las autoridades locales.
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"Van tocando timbres, esperan cuánto tardan en responder y se retiran. Días después, cuando se cercioran de que no hay habitantes en el predio, regresan para invadirlo", afirmó Alicia Camps, integrante de Copaco Del Valle.

Testimonio de Yulay y el marco de sanciones contemplado en el Código Penal Federal
La problemática expuesta en la alcaldía Benito Juárez guarda similitudes directas con las revelaciones vertidas en el material videográfico del canal de YouTube de Yulay, realizado a raíz del caso mediático de Carlota "N" en el municipio de Chalco. En dicha investigación audiovisual, un sujeto identificado bajo el alias de "El Rana" describió la estructura de vigilancia y logística requerida para ocupar una vivienda en cuestión de minutos.
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Según lo expuesto en el video publicado en la plataforma YouTube, el proceso inicia con el término coloquial "acampanear", que consiste en el rastreo visual de viviendas abandonadas, con falta de mantenimiento o chapas deterioradas. Posteriormente, las agrupaciones envían personal a pernoctar en el interior durante tres días para complicar los procedimientos judiciales de desalojo. El testimonio también revela la presencia de nóminas operativas y la falsificación de documentación apócrifa para simular actos de entrega posesoria.
De acuerdo con lo tipificado en el artículo 395 del Código Penal Federal de México, el delito de despojo abarca la ocupación de un inmueble ajeno o el uso de un derecho real mediante violencia, furtividad, amenaza o engaño. La normativa legal contempla las siguientes sanciones:
- Pena base de tres meses a cinco años de prisión y multa de 50 a 500 pesos para quien ocupe de manera individual una propiedad sin consentimiento legítimo.
- Incremento de uno a seis años de prisión adicionales para los autores intelectuales y dirigentes cuando la invasión sea perpetrada por colectivos o grupos superiores a cinco personas.
- Castigo de dos a nueve años de prisión para quienes promuevan de manera reiterada el despojo de inmuebles urbanos en la capital del país.
- Acumulación de penas adicionales cuando existan actos de violencia o amenazas cometidos durante la ocupación, conforme a lo estipulado en el artículo 396 del mismo ordenamiento legal.
Asimismo, según el portal especializado en el sector inmobiliario Inmuebles24, los especialistas aconsejan a la ciudadanía mantener escrituras públicas vigentes, promover demandas por acción reivindicatoria ante juzgados civiles o penales y colocar protecciones o avisos visibles de propiedad privada para disminuir riesgos de vulneración patrimonial.
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