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Aunque en México están prohibidos los vapeadores desde mayo de 2022, en la zona turística de Mazatlán se venden en máquinas dispensadoras instaladas en la vía pública.
Las máquinas ofrecen vapeadores de diferentes sabores y precios que van de los 400 a los 600 pesos por cada uno, y están instaladas en puntos estratégicos del destino turístico. El pasado domingo 7 de diciembre, por ejemplo, se pudo observar una de estas máquinas en funcionamiento en la zona turística conocida como Olas Altas, cercana al centro histórico de la llamada perla del pacífico, el destino hotelero más importante de Sinaloa.
Estos dispensadores también están ubicados en la Zona Dorada, donde se encuentra la mayoría de los hoteles, y afuera de los bares del puerto. También se pueden ver en gasolineras de colonias populares de la ciudad.
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Las máquinas expendedoras ofrecen variedad de marcas de vapeadores, como Iplay Max, Vhill y Maskking Lux. Son dispositivos desechables con batería integrada que pueden rendir desde dos mil 500 hasta 30 mil bocanadas, según el modelo, y con sabores frambuesa, uva, menta, sandía y durazno, entre otros.
La venta de vapeadores en Sinaloa ha estado vinculada con diversos hechos de violencia. En agosto de este año, tres jóvenes universitarios fueron privados de su libertad al salir de un bar en Mazatlán. Sus familiares denunciaron en redes sociales que antes de ser “levantados” tuvieron un altercado en el baño del lugar con vendedores de vapeadores que los increparon por usar dispositivos que no habían comprado en el lugar. Tres días después los jóvenes reaparecieron con vida, aunque golpeados y torturados.
En diciembre de 2023 otros dos universitarios fueron golpeados con una tabla, desnudados y obligados a caminar por las calles de Guasave, Sinaloa, cargando una cartulina con mensajes que advertían que el castigo era una consecuencia de vender cigarrillos electrónicos y que lo mismo le ocurriría a quien los comercializara. Los jóvenes caminaron desnudos custodiados por dos hombres encapuchados que los grababan y golpeaban, sin que ninguna autoridad interviniera.
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Los vapeadores y cigarrillos electrónicos se prohibieron por decreto presidencial desde mayo de 2022, y recientemente el Senado amplió la prohibición a toda la cadena de producción, fabricación, comercio, suministro, publicidad y propaganda. Además, se establecieron penas de uno a ocho años de cárcel para los implicados y multas de hasta 226 mil pesos.
“Queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”, se lee en la reforma a la Ley General de Salud.
El colectivo de activistas “México y el mundo vapeando” acusó que la reciente reforma a la Ley General de Salud impulsa el mercado negro de los vapeadores controlado por el crimen organizado.
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“Con la reforma aprobada se formaliza lo que ya vemos en las calles y plazas públicas descaradamente: la entrega del mercado de vaporizadores al crimen organizado; con ello, estas bandas amplían el espectro de sus negocios y no sólo se limitarán al tráfico de estupefacientes o delitos como extorsión o robo, ya que la prohibición no terminó con el consumo ni lo hará”, denunció el colectivo a través de un comunicado.
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