A punta de mentiras y encubrimientos del actual gobierno, enfrentar la corrupción ha terminado por ser un montaje. Los mexicanos sabemos que combatirla es una exigencia que hoy naufraga en la simulación. Ninguno de los contendientes por la presidencia tuvo el domingo respuestas satisfactorias a las preguntas certeras hechas por los ciudadanos.
La retórica anticorrupción contrasta con la impunidad casi total que caracteriza a este cáncer nacional. Sólo 9 personas están vinculadas a proceso judicial y ninguna ha recibido sentencia. La impunidad es la realidad, no la fantasía que insiste en vender el gobierno.
Un país donde 74% de sus habitantes considera que la corrupción es elevada demuestra que la impunidad está desbordada. Hoy cualquier persona sabe que atrás del narcotráfico, la delincuencia organizada, la falta de medicinas, el ambulantaje, los contratos de obra pública, el servicio de policía, el transporte de mercancías, las operaciones portuarias y aeroportuarias, están carcomidas por este mal. Lo mismo ocurre con los trámites gubernamentales, que al exigir cada vez más requisitos burocráticos, favorecen la corrupción.
En 2018, AMLO hizo de la corrupción el tema central de su campaña. La expectativa generada le aportó el apoyo de un electorado ansioso de que se diera, por fin, un golpe de timón. Hoy los resultados son irrisorios pese a dos reformas constitucionales, modificaciones al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales, la creación de una fiscalía especializada con cuatro fiscalías auxiliares. Y ni qué decir del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo carácter consultivo y sin facultades de ejecución hace pensar que fue creado para alimentar otra entidad limitada y estéril.
Nunca antes habíamos visto tantos escándalos en la gestión de obras públicas. El 80% de los contratos se asignaron este sexenio de forma directa. Los instrumentos institucionales que fortalecieron la rendición de cuentas han sido debilitados. La mayoría de las obras son declaradas de seguridad nacional para evadir la transparencia. Cómo es posible que un gobierno que se ha dedicado a revelar datos personales nos quite el derecho de supervisar el manejo de los recursos. La frase del Presidente: “La corrupción es una fuente posible de financiamiento para el desarrollo”, explica por que ésta se ha extendido hasta abarcar a integrantes del primer círculo del poder, familiares y amigos.
Como un eslabón más en este juego de engaños, la candidata oficial propuso crear la Agencia Nacional Anticorrupción, un organismo dependiente de la presidencia de la república que se encargaría de auditar al propio gobierno. ¿Qué facultades tendría? ¿Las del Sistema Nacional Anticorrupción, las de la Fiscalía o la Contraloría o de la Auditoría Superior de la Federación? Es otra tomadura de pelo.
Todo contrato adjudicado directamente tiene un tufo a corrupción, por ello debería obligarse a que la carga de la prueba exculpatoria recaiga en el área administrativa que da origen al acto y no en la fiscalía. El historial de una compañía que recibe contratos directos, sus fines, constitución, capital contable y situación fiscal, deberían hacerse públicos antes de otorgarse el contrato.
Atender el cáncer de la corrupción exige tener organismos autónomos e independientes a nivel federal y local que investiguen, persigan y presenten a las fiscalías las denuncias penales correspondientes hasta enjuiciar y castigar a los responsables; una fórmula parecida a la de Perú, país que ha llevado a la cárcel a 5 expresidentes y reducido la corrupción en más de 80%. Sin propuestas de fondo seguiremos hundidos en la simulación, sin espacio, ni tiempo, ni paciencia para seguir hilvanando más esfuerzos fallidos.
Será imposible dar un paso certero sin una firme decisión de gobierno. Sorprende la madurez democrática que demostró la ciudadanía con sus preguntas durante el debate, pero es decepcionante la poca estatura que evidenciaron nuestros políticos.
