La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pilar de nuestra estructura judicial, ha sido pionera en la adopción de herramientas digitales para mejorar la eficiencia y accesibilidad del sistema de justicia.
Este compromiso con la innovación se ha manifestado en la implementación del expediente electrónico, una iniciativa que promete transformar el acceso y manejo de los procesos judiciales en México.
La SCJN ha invertido significativamente en tecnología, incluida la inteligencia artificial, para fortalecer la red que interconecta a los tribunales federales, permitiendo una gestión más ágil de los casos.
Este esfuerzo ha sido particularmente relevante en el contexto de la pandemia, donde el expediente electrónico emergió como una herramienta crucial para mantener la continuidad del sistema de justicia, minimizando la necesidad de interacciones físicas en los tribunales.
Sin embargo, a pesar de estos avances, el sistema de expediente electrónico ha enfrentado numerosos retos que comprometen su eficacia.
Actualmente, los usuarios reportan dificultades persistentes, (yo mismo lo he padecido) especialmente al intentar presentar demandas electrónicamente, con problemas que van desde sistemas colapsados hasta la inaccesibilidad del servicio. Estos inconvenientes se han intensificado a raíz de decisiones presupuestarias que resultaron en el despido de personal técnico esencial para el mantenimiento y operatividad del sistema.
Y es que, al menos, ese es el pretexto que se ofrece cuando indagas por qué no es posible acceder al portal electrónico del Consejo de la Judicatura Federal.
Este panorama presenta un escenario preocupante para el acceso a la justicia en México.
El expediente electrónico, diseñado para ser una solución eficiente y accesible para litigantes y abogados, se encuentra en una encrucijada, amenazado por recortes presupuestales y la falta de soporte técnico adecuado.
Este retroceso, no solo afecta la administración de justicia a nivel federal, sino que también pone en riesgo la capacidad del país para mantenerse a la vanguardia en la incorporación de tecnologías judiciales.
Ante este desafío, es imperativo que las autoridades competentes actúen de manera decisiva para restablecer y mejorar el funcionamiento del expediente electrónico.
La asignación de recursos financieros y humanos adecuados es esencial para garantizar la estabilidad y eficacia de este sistema.
La colaboración entre la Federación, los estados y los actores judiciales, es crucial para desarrollar un plan de acción que no solo aborde las deficiencias actuales, sino que también establezca bases sólidas para la evolución futura del sistema de justicia electrónica en México.
La urgencia de estas medidas no puede subestimarse. La justicia eficiente y accesible, es un pilar fundamental de nuestra sociedad, y el expediente electrónico representa una herramienta vital para alcanzar este objetivo.
Más allá de la resolución de problemas técnicos y presupuestarios, se requiere una visión estratégica que contemple la integración de nuevas tecnologías, la capacitación de personal y la creación de un marco legal y operativo que facilite la adopción generalizada del expediente electrónico.
De seguir así, en un plazo no muy lejano nos encontraremos en un momento crítico para el sistema de justicia en México. La resolución efectiva de los problemas que afectan al expediente electrónico en la SCJN es más que una necesidad técnica; es una cuestión de voluntad política y compromiso social.
Como comunidad jurídica y sociedad en general, debemos abogar por soluciones integrales que aseguren, no solo la recuperación del sistema de expediente electrónico, sino su evolución hacia una herramienta más robusta, eficiente y accesible para todos los mexicanos.
La tarea es grande, pero indispensable para el futuro de la justicia en nuestro país.
La implementación del expediente electrónico en los poderes judiciales estatales es una necesidad imperante, reflejada en las múltiples reformas propuestas tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos estatales.
Estas reformas buscan reformar el artículo 116 de la Constitución Mexicana y todas las constituciones locales, con el objetivo de adoptar el expediente electrónico. Sin embargo, esta transición requiere de asignaciones presupuestarias específicas.
Más allá de la necesidad financiera, lo que se necesita es fortalecer la intención ya existente desde hace tiempo, lo cual depende exclusivamente de la voluntad política.
Sería un avance significativo lograr la implementación también en la justicia local, pero ello requiere de la voluntad política tanto de la Federación como de los estados.
Es crucial aprovechar el progreso ya realizado por el poder judicial federal en esta materia y unificar esfuerzos para beneficiar al sistema judicial en su conjunto.
Es de esperar que las dificultades actuales se superen con rapidez para evitar un retroceso en estos avances.
