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Aunque la UNAM investiga si la inteligencia artificial fue utilizada para obtener ventajas indebidas en el examen de ingreso a licenciatura 2026, la tecnología no aparece como una causal específica para anular una prueba dentro de la normatividad universitaria.
Lo que sí establece la Convocatoria e instructivo del concurso de selección para ingreso a licenciatura 2026, así como el Reglamento General de Inscripciones de la UNAM, son mecanismos para cancelar registros, exámenes e incluso inscripciones cuando se detectan irregularidades que comprometen la autenticidad del proceso de admisión.
El incumplimiento de cualquier requisito o condiciones establecidos, así como cualquier irregularidad cometida durante el proceso, puede derivar en la cancelación inmediata del registro del aspirante.
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La convocatoria prohíbe expresamente durante la aplicación del examen el uso de audífonos, teléfonos móviles, relojes inteligentes, calculadoras y cualquier dispositivo electrónico. Sin embargo, no hace referencia específica al uso de herramientas de inteligencia artificial.
También establece una amplia lista de conductas que pueden derivar en la cancelación del examen o del registro del aspirante por comprometer la autenticidad y la equidad del proceso de selección.
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Entre ellas se encuentran el uso de audífonos, teléfonos celulares, relojes inteligentes, calculadoras y cualquier dispositivo electrónico no autorizado; la suplantación de identidad, hablar o interactuar con otras personas durante la aplicación del examen, compartir información mediante redes sociales, chats o grupos de mensajería, así como fotografiar, grabar, reproducir o difundir preguntas y respuestas de la evaluación.

Señala que cualquiera de estas acciones puede derivar en la cancelación inmediata del examen e incluso del registro del aspirante.
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Las reglas también facultan a la Universidad a invalidar los resultados cuando detecte irregularidades que vulneren la equidad del concurso. Sin embargo, el documento no menciona el uso de inteligencia artificial, una tecnología que hoy se encuentra en el centro de la revisión de los resultados del examen de ingreso a licenciatura 2026.
Según especialistas, la controversia por el examen de ingreso a licenciatura 2026 de la UNAM evidenció un vacío regulatorio: aunque las convocatorias universitarias sancionan el uso de dispositivos electrónicos, la ayuda externa y otras formas de fraude, la inteligencia artificial aún no suele aparecer de manera explícita como causal de anulación en los procesos de admisión.
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Para Horacio Martínez, especialista en evaluación educativa, la ausencia de una referencia expresa a la inteligencia artificial en la convocatoria coloca a la Universidad frente a un desafío jurídico y operativo inédito.
Explica que si la convocatoria no contempla la IA como causal explícita cualquier sanción que la UNAM aplique hoy contra un aspirante por utilizar estas herramientas descansa en una interpretación de conceptos como “ayuda externa” o “dispositivo no autorizado”.
“Eso es jurídicamente frágil: se está sancionando por analogía, no por norma expresa. Para una prueba que decide el futuro académico de decenas de miles de jóvenes la falta de tipificación clara vulnera el principio de legalidad y debido proceso al que tiene derecho cualquier aspirante”, advierte.
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Martínez considera además que el debate no puede limitarse a la detección de trampas durante la aplicación del examen. Señala que existe una desigualdad previa en el acceso y uso de estas tecnologías.
“Un aspirante de una preparatoria privada urbana llega al examen con meses de familiaridad con IA generativa como apoyo de estudio; uno de una comunidad rural o de escasos recursos no. Si la discusión sólo se centra en cómo detectar trampas el día del examen se invisibiliza la brecha estructural que ya opera antes de esa fecha”, sostiene.
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A su juicio, otro aspecto que ha quedado fuera de la discusión es la situación de los aspirantes cuyos resultados se encuentran en revisión.
“¿Tienen derecho a audiencia? ¿Se les notifica el motivo específico? ¿Cuánto tiempo dura la incertidumbre sobre su ingreso? Desde una perspectiva de derechos educativos, no puede quedarse fuera el costo humano y educativo de un proceso de revisión sin plazos claros ni garantías procesales visibles”, plantea.
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Arcelia Martínez Bordón, académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, considera que el caso obliga a replantear de manera urgente las condiciones bajo las cuales se aplican los exámenes de admisión y a establecer reglas claras frente al uso de inteligencia artificial.
“Urge regular todo el proceso, quizá volver a las aplicaciones en sedes hasta que se pueda garantizar que no haya posibilidad de hacer trampas”, señala.
Asevera que la UNAM debe tomar medidas de fondo para evitar que quienes obtuvieron ventajas indebidas ocupen espacios que corresponden a estudiantes que sí compitieron en igualdad de condiciones.
“La UNAM debe reponer el proceso 2026, no puede aceptarse la trampa. Es completamente injusto que estudiantes que cometieron trampas con IA o de otras formas tengan un lugar en la Máxima Casa de Estudios y, por el contrario, que estudiantes que merecían un lugar en la UNAM por su mérito y preparación hoy estén fuera porque la media subió por las trampas y no alcanzaron el puntaje mínimo”, afirma.
Fernando Ruiz, especialista en materia educativa, considera que el caso de la UNAM muestra que las normas vigentes fueron diseñadas para una realidad tecnológica distinta.
“Esto revela que la regulación quedó rezagada frente a una tecnología que modifica la naturaleza del fraude y que requiere lineamientos específicos. Este caso sí evidencia que la regulación fue diseñada para un contexto tecnológico distinto y que hoy necesita actualizarse para reconocer explícitamente los nuevos riesgos asociados a la inteligencia artificial y ofrecer mayor certeza jurídica a los aspirantes”, sostiene.
Advierte que la discusión trasciende a la propia UNAM y forma parte de un fenómeno que enfrentan los sistemas educativos de todo el mundo.
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