Tribunal ordena reponer amparo de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán; revisarán posible falsificación de firma

Un Tribunal Colegiado ordenó a una jueza reponer el procedimiento en el juicio de amparo que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, tramitó hace por la orden de captura girada en su contra por el desvío de más de tres mil millones de pesos en la construcción de cuarteles para la policía estatal.

Lo anterior, porque Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, no resolvió un incidente presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la falsificación de firma del exmandatario michoacano estampada en el escrito de demanda.

Por unanimidad de votos, magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado resolvieron que la jueza de amparo debe resolver si Aureoles Conejo, considerado prófugo de la justicia, falsificó, lo que puede llevar a que le desechen el amparo, si así lo determinan peritos en materia de grafoscopía y documentoscopía.

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La FGR tramitó incidente de falsedad en el amparo 441/2025 tramitado por Aureoles Conejo, al considerar que discrepan la plasmada en la demanda de amparo y la del escrito de 8 de mayo de 2025, por lo que la jueza Vargas Alarcón admitió el recurso y ordenó "la práctica y desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía".

Solicitó a la FGR que proporcionara el nombre de algún “perito adscrito a dicha dependencia, en materia de grafoscopía, a fin de estar en posibilidad de llevar a cabo el desahogo de la prueba pericial de que se trata".

Sin embargo, señalaron los magistrados, el incidente se tuvo que haber resuelto en el mismo procedimiento y no por cuerda separada como lo hizo la jueza, lo que violó la Ley de Amparo.

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En mayo de 2025, la jueza Vargas Alarcón concedió al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión en su contra y le ordenó acudir ante la jueza de control del Reclusorio Sur, Patricia Sánchez Nava, para notificarse de las imputaciones por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y administración fraudulenta.

El michoacano no acudió en el plazo indicado, con lo que perdió la protección de la justicia federal.

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