Sr. Director:
En relación al artículo firmado por Peniley Ramírez, “Las Mujeres de Notimex”, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano aclara que en ningún momento se ha dejado el diálogo, al contrario, la última mesa fue convocada por la dirección de Notimex. El SutNotimex puso como condición que asistiera a la negociación la directora general, Sanjuana Martínez Montemayor, quien no puede intervenir debido a que respeta la vida sindical. Además, por la parte patronal, el representante legal es quien debe ir a esas mesas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). Quien debe asistir a esas juntas conciliatorias es Víctor Fernández Peña, director Jurídico de Notimex, pero usted lo minimiza llamándole colaborador. Él es nuestro representante legal de la Agencia, quien ha llevado propuestas reales y factibles, pero siempre han sido rechazadas por la lideresa del SutNotimex, Adriana Urrea Torres. Ante la negativa de levantar la huelga, la única intención o pretensión del SutNotimex es provocar el cierre de la Agencia, pues siguen pidiendo imposibles, cosas fuera de la realidad que vive el país, como lo son los 245 mil pesos mensuales bajo el concepto de “ayuda”. Así como la reinstalación de 80 extrabajadores, muchos de los cuales renunciaron o se separaron laboralmente de la Agencia y hasta cobraron lo que les correspondía, el resto son aviadores que llevaban años sin presentarse en la Redacción. Por otra parte, su artículo menciona los 100 millones de pesos que debemos desembolsar si el sindicato gana el juicio de imputabilidad, pero no menciona que el SutNotimex y su lideresa Adriana Urrea Torres exigen 150 millones de pesos al año, lo que representa el 84 por ciento del presupuesto total de Notimex, esto para levantar la huelga. Con esas exigencias no hay voluntad para resolver el conflicto por parte del SutNotimex y lo único que pretende es “darle largas” al asunto o, bien, provocar el cierre de la Agencia. Dice la señora Ramírez que el Sutnotimex tiene el apoyo de Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo, pero se le olvidó mencionar que el representante legal de ese sindicato es el abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani, padre de la titular de la STPS. Sobre los supuestos acosos contra periodistas que refiere en su artículo, Notimex aclara que nunca se comprobó la participación de personal o directivos y fue el propio Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente (Iteso), quien se retractó al afirmar que no encontró que la directiva orquestara ataques a extrabajadores.
Sobre las presuntas denuncias contra directivos de Notimex, nosotros estamos atentos ante cualquier citatorio y aplicamos el dicho: “el que nada debe nada teme”; en este mismo sentido, se le informa que la Agencia ha interpuesto más de 150 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General de la República (FGR). En su nota tampoco se mencionan las denuncias contra Conrado García Velasco, padrino sindical de Adriana Urrea Torres, que provocaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueara sus cuentas bancarias, pues se comprobó que se desviaron recursos. Mientras que Adriana Urrea Torres compareció ante la Secretaría de la Función Pública por espacio de tres horas, ya que es acusada de actos de corrupción e investigada por viajes al extranjero con cargo al erario de Notimex y “huachicoleo” informativo. Resulta sorprendente que la señora Ramírez utilice la ficción, le recuerdo que el pasado 12 de junio del 2020 en el siguiente artículo: “Sanjuana se va, ¿Notimex también?” https://www.eluniversal.com.mx/opinion/peniley-ramirez/sanjuana-se-va-notimex tambien pronosticó erróneamente que la directora general Sanjuana Martínez se iba a ir, cosa que resultó totalmente falsa. Por tal motivo, solicito que este escrito sea publicado en el mismo espacio donde difundió su nota carente de equilibrio informativo y veracidad. Esto basado en el Artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuesto por la ley”.