El Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que permitiría al Sistema de Administración Tributaria (SAT) impugnar decisiones judiciales, pero cuando se votaba una reserva en el debate en lo general, la oposición “reventó” la sesión, por lo que fue clausurada ante la falta de quorum.
Sin embargo, la presidenta en funciones de la Mesa Directiva, Verónica Camino, convocó a una nueva sesión esta misma noche donde posteriormente se aprobó en lo particular.
Los senadores de oposición expresaron su rechazo a esta reforma, al advertir que es un instrumento más para cerrarle a la ciudadanía los mecanismos de defensa ante decisiones arbitrarias y abusivas de la autoridad, en este caso fiscal.

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Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que se trata de una reforma para atender el mandato constitucional de que los tribunales administrativos resuelvan los juicios en un plazo máximo de seis meses.
“Además, se establecen plazos genéricos de cinco días en aquellas actuaciones que realiza el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que actualmente no prevén plazos”.
Sin embargo, la oposición acusó que se trata de otra reforma para beneficiar a la autoridad, pues la modificación del artículo 63 le permite al SAT tener “un amparito a modo” frente a resoluciones a favor de un contribuyente, el PAN.
Ricardo Anaya, coordinador parlamentario de Acción Nacional, calificó el hecho como un “terrorismo fiscal”. Ejemplificó que si un ciudadano gana ante un congelamiento de las cuentas “se van a quedar bloqueadas porque le están dando una oportunidad adicional al SAT”.
El priista Alejandro Moreno señaló que “si presentas una solicitud de devolución de IVA y detrás te van 10 auditorías, pues ya nadie quiere presentar nada”.
“Le regala a la autoridad que ha perdido un asunto un medio de impugnación específico”, dijo la panista Guadalupe Murguía.
Ejemplificó que en caso de que un ciudadano hubiera ganado un juicio y la orden fuera descongelar sus cuentas, pero la autoridad apela, las cuentas se mantendrán congeladas.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, consideró que se “alarga innecesariamente los juicios y genera incertidumbre jurídica y financiera para quienes litigan, pagan impuestos o dependen de recuperar recursos para sostener su negocio”.
La iniciativa fue aprobada en lo general con 64 votos a favor y 33 en contra y cuando se votaba una reserva, la oposición se percató que Morena y aliados no alcanzaban por sí solos el quórum, por lo que se ausentaron para reventar la sesión.
Senadores de Morena y aliados que se habían ausentado al final de la sesión de este martes, lo que provocó la falta de quórum, fueron llamados para culminar la votación a fin de aprobar la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
A diferencia de la sesión original, que se tuvo que clausurar por la presencia de solo 63 senadores, en la nueva sesión que inició a las 9 de la noche, los artículos reservados se aprobaron con 66 votos a favor, 12 en contra y 15 abstenciones, por lo que la iniciativa se avaló en lo general y en lo particular y fue remitida a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.
La reforma armoniza el juicio sumario para sustanciarlos en un plazo de seis meses, de conformidad con lo que se estableció en la reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de trámites jurisdiccionales expeditos.
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Javier Corral agregó que derivado del análisis de esta iniciativa, se hicieron adecuaciones, por ejemplo, las referencias al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y se fijó que hay falta grave cuando el acto administrativo impugnado se emite en contra de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de legalidad.
En materia de amparo, dijo, se ajustaron artículos correspondientes a la suspensión para adecuar los supuestos de perjuicio al interés público, así como en materia de recusación de las magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
Los senadores de oposición expresaron su rechazo a esta reforma, al advertir que es un instrumento más para cerrarle a la ciudadanía los mecanismos de defensa ante decisiones arbitrarias y abusivas de la autoridad, en este caso fiscal.
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