Un juez federal ordenó limitar las comunicaciones y visitas de la ex dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo pues la Procuraduría General de la República considera que su influencia moral como líder sindical podría “ desestabilizar la paz y seguridad del Estado Mexicano”.
El juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales ordenó ayer que la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, presente en 24 horas una lista de las visitas frecuentes que tiene y que las llamadas telefónicas que realice sólo sean con las personas de dicha lista.
Asimismo, ordenó que abogados, familiares o amigos que acudan al domicilio en Polanco, en el que se encuentra bajo la medida de prisión domiciliaria, no entren con celulares o computadoras y que si lo hacen, uno de los policías encargados de la custodia del lugar entre con ellos y esté todo el tiempo presente.
La medida del juez respondió a la petición de la PGR sobre reforzar la seguridad en el domicilio en el que se encuentra recluida la ex dirigente sindical y controlar sus comunicaciones.
Mediante un escrito presentado el 8 de febrero pasado, la PGR indicó que el “uso desmedido de los medios de comunicación” que tiene Gordillo como ex dirigente sindical podría “desestabilizar la paz y seguridad del Estado Mexicano”.
“Resulta imperioso que se establezca un régimen de control de comunicación para dar cumplimiento de forma adecuada a la medida de seguridad concedida en su momento y evitar un descontrol que permita perder el sentido my esencia de la prisión preventiva domiciliaria”, indicó la dependencia.
La PGR reconoció que Gordillo Morales no representa un riesgo de fuga pero agregó que es necesario tener un mayor control del domicilio en el que se encuentra recluida, ubicado en Polanco, para que pueda ser localizable y vigilada permanentemente pues únicamente cuenta con vigilancia al exterior del edificio y el departamento.
Esto deriva en que las autoridades no conocen los temas que trata la maestra con las personas que la visitan que, señaló la PGR, llegan a ser más de una decena diariamente.
“Esta representación social estima que la procesada en lugar de tener una prisión domiciliaria tiene una oficina de despacho en donde atiende a un sin fin de personas, desconociendo para qué fines”, agregó.
Todo ello, afirmó que violenta los alcances y consecuencias de la medida de seguridad de prisión domiciliaria concedida por un magistrado federal en diciembre pasado.
En entrevista con EL UNIVERSAL la defensa afirmó que presentarán amparo contra la medida en el que solicitarán la suspensión del acto.
El abogado Marco Antonio del Toro calificó de “inconcebible” la medida con la que la PGR quiere “escuchar lo que hable (Elba Esther) y con quién”, según dijo a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.
