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Tras ser acusadas por el presunto delito contra la identidad de las personas, un juez de control revisó la situación jurídica y determinó la inmediata liberación de las comunicadoras Eréndira "N" y Alejandra "N" del Centro Estatal de Reinserción Social de San Luis Potosí “La Pila”.
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó, por medio de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (UASJ) y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que brindó atención a los casos de ambas periodistas y darán seguimiento a los casos.
Eréndira Reyes Aguillón, directora de “San Wicho Times”, y Alejandra Hermosillo, funcionaria del área de Comunicación Social del municipio de San Luis Potosí, fueron detenidas por supuestos delitos vinculados con identidad digital e inteligencia artificial (IA).
“La Secretaría de Gobernación refrenda su compromiso con la protección de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, así como con la promoción y defensa de los derechos humanos, en el marco del respeto al debido proceso y al Estado de derecho”, señaló esta dependencia a través de una tarjeta informativa.
En mayo, organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión denunciaron una presunta escalada de persecución judicial y uso arbitrario del derecho penal contra periodistas, comunicadores y voces críticas en San Luis Potosí, luego de la detención de al menos tres personas relacionadas a medios digitales y la emisión de órdenes de aprehensión contra otras ocho personas más, entre ellas la periodista Anahí Torres González, directora y titular de diversos medios de comunicación en esta entidad.
Las organizaciones señalaron que los casos representan un posible uso arbitrario de los artículos 272 Bis y 272 Ter del Código Penal de San Luis Potosí, aprobados en noviembre de 2025, los cuales sancionan conductas relacionadas con manipulación de identidad digital y la utilización de inteligencia artificial.
En un comunicado, existe preocupación debido a que las investigaciones estarían relacionadas con la difusión de un video en redes sociales donde presuntos integrantes del crimen organizado señalan al gobernador Ricardo Gallardo y a la Guardia Civil Estatal de presuntosa nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En el caso de Reyes y Hermosillo, las ONGS acusaron irregularidades durante las detenciones, información contradictoria acerca de los delitos imputados y la imposición de prisión preventiva oficiosa en un caso vinculado con expresiones digitales.
Sostuvieron que el uso de figuras penales ambiguas y técnicamente imprecisas representa un riesgo para periodistas, activistas, administradores de páginas informativas y usuarios de redes sociales.
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dft/bmc
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