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La reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum contiene asuntos relevantes para el país en materia electoral mexicano como la fiscalización financiera, regulación de la inteligencia artificial en campañas, voto en el extranjero, nepotismo y democracia participativa.
Lo anterior, de acuerdo con el “Análisis de la Reforma Electoral de 2026” elaborada por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, donde se destacó que no basta con evaluar “si reduce costos” o si “suena bien políticamente”.
Se subrayó que lo decisivo de la iniciativa presidencial es si mejora la democracia constitucional mexicana en tres planos: representación, equidad en la competencia e integridad electoral.
Es decir, subraya el estudio, que el valor no dependerá de la retórica de “menos gasto” o “más voto directo”, sino de algo más exigente: si fortalece la representación, la equidad de la competencia y la confianza en las elecciones. Ese es el debate que realmente importa.
La iniciativa de reforma electoral presentada por el Gobierno de México el 25 de febrero de 2026 llega con una virtud política indiscutible: pone sobre la mesa una discusión que el país necesita.
Pero también llega con un riesgo evidente: que el debate público se quede en slogans —“austeridad”, “menos gasto”, “más voto directo”— y no entre al fondo de lo verdaderamente decisivo: cómo cambian los incentivos del sistema político y qué efectos tendrá eso sobre la representación, la competencia y la confianza en las elecciones.
El estudio encabezado por el constitucionalista Miguel Carbonell, expone que el componente más sensible de la iniciativa es el relativo a la integración del Congreso.
La propuesta presidencial plantea una Cámara de Diputados de 500 integrantes y subraya la idea de “todos por votación directa”; mantiene 300 distritos de mayoría relativa y redistribuye las 200 diputaciones restantes con una combinación que incluye candidaturas no ganadoras con mejores resultados, espacios por circunscripción y escaños para mexicanos en el extranjero. También plantea un Senado de la República de 96 integrantes (64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría).
Es decir, aquí se juega buena parte de la reforma. Porque una cosa es vender políticamente la fórmula de “voto directo” y otra muy distinta es garantizar que el Congreso siga reflejando, con razonable fidelidad, la pluralidad del país.
La representación proporcional no es un adorno ni una concesión burocrática. Es un mecanismo para corregir distorsiones del sistema mayoritario. Si se rediseña mal, el resultado puede ser un Congreso menos plural y menos equilibrado en la práctica.
No basta con decir que se conserva una “misma fórmula” de representación proporcional prevista en la legislación actual, mientras al mismo tiempo se introduce una nueva distribución política de esas 200 diputaciones. Lo relevante será el detalle: cómo se asignan, con qué criterios, con qué efectos sobre los partidos pequeños y medianos, y qué tanto se preserva la proporcionalidad real entre votos y escaños.
Que Morena asuma el costo político de impulsar una reforma electoral autoritaria: Añorve
El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, aseguró que no hay “ningún costo político ni electoral” que asumir por no apoyar una reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca consolidar la hegemonía de Morena.
“Nosotros no vamos a asumir ese costo político, que lo asuma Morena”, sentenció, al advertir que su bancada votará en contra tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Añorve Baños sostuvo que la eliminación o modificación de la representación proporcional no tiene como propósito abaratar elecciones, sino facilitar una sobrerrepresentación legislativa del oficialismo para alcanzar mayorías calificadas sin contrapesos. “Quieren quedarse con el poder eternamente”, acusó en entrevista.
En ese contexto, subrayó que el PRI no cargará con las eventuales repercusiones institucionales o electorales de la reforma.
“El pueblo quiere democracia y certeza”, afirmó, al recordar que en la última elección federal “el 54 por ciento votó por Morena y el 46 por ciento no”, por lo que ese bloque opositor merece representación real.
El senador defendió el papel histórico de su partido en la apertura democrática y en la construcción del entonces IFE, hoy Instituto Nacional Electoral, así como del Tribunal Electoral y los organismos autónomos.
Aseguró que la reforma tiene un “objetivo autoritario” y la comparó con el modelo político de Nicolás Maduro, al advertir que podría derivar en un Congreso dominado casi en su totalidad por el oficialismo.
Añorve anticipó que la discusión será intensa en el pleno, pero insistió en que el PRI no validará cambios que debilitan el pluralismo. “El pueblo está despierto”, subrayó.
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