La indígena tzotzil, Cecila López Pérez, recibió de parte del Senado de la República el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto 2025”, ello por su labor de tres décadas en la defensa de los derechos humanos mujeres de pueblos originarios de Chiapas.
En sesión solemne, vestida a la usanza de las mujeres tzotziles, vestido blanco con bordados de Zinacantán en color rojo, la galardonada agradeció el reconocimiento que fue entregado por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y recordó la lucha de las mujeres del EZLN.
Cecilia López, en su lengua originaria, destacó que existen diversos desafíos y retos en la defensa de las mujeres indígenas para erradicar la discriminación, “para que ninguna mujer sea silenciada por la violencia”.

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Recordó a la Comandante Esther, del EZLN, cuando desde la tribuna del Congreso de la Unión habló de la dignidad de las mujeres indígenas y también expuso la labor de la Comandante Ramona, que trabajó en el movimiento zapatista y formó parte de las mesas de negociación con el gobierno federal para firmar los Acuerdos de San Andrés Larrainzar.
A las senadoras y senadores, les pidió que las políticas públicas sean diseñadas con la opinión de los pueblos indígenas “y que este reconocimiento no sea solo una ceremonia, sino un punto de inflexión”, así como reconoció a la presidenta y jefa de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum.
López Pérez es una mujer indígena tzotzil, originaria de Bayalemo, municipio de San Andrés Larráinzar, Chiapas, con más de tres décadas de trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres indígenas, la formación comunitaria, la traducción jurídica intercultural y la construcción de paz en los Altos de Chiapas.
Su labor se ha caracterizado por un profundo compromiso ético, político y comunitario, orientado al acompañamiento de mujeres que enfrentan diversas formas de violencia y a la promoción de procesos de autonomía, dignidad y acceso efectivo a la justicia desde una perspectiva culturalmente pertinente.
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Desde 2011 y hasta 2025, ha acompañado de manera directa a más de 330 mujeres indígenas que han vivido violencias familiares, sexuales, comunitarias, institucionales y estructurales, al brindarles traducción jurídica en lengua tzotzil, seguimiento legal, contención emocional y articulación interinstitucional.
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