“Queremos que Echeverría hable del caso 68”

Luis Echeverría Álvarez es el único expresidente vivo cuyo nombre no será sometido a consulta popular para enjuiciarlo, a pesar de que entre sus compañeros es el único que ha sido declarado autor intelectual de un genocidio: el de los estudiantes en la plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco (Ciudad de México), en 1968, y que tiene abiertos en su contra más de 52 expedientes.

Félix Hernández Gamundi, integrante del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, aseveró en entrevista con EL UNIVERSAL que las víctimas y sobrevivientes de la matanza que pertenecen a esta organización no esperan que el expresidente, de 98 años, sea llevado a la cárcel. Que hable, le piden, que diga lo que sabe del caso.

“No buscamos que a Echeverría se le abra una nueva averiguación, porque eso es regresarse, retroceder, la averiguación está hecha y hay más de 52 expedientes que se refieren al Halconazo, la Guerra Sucia y Echeverría aparece implicado.

“Hay quienes dicen que sería inhumano y una crueldad procesar a Echeverría porque tiene 98 años. Queremos que diga lo que sabe, que aporte la información. Muchas cosas han quedado en la oscuridad y todos los caminos conducen a él para conocer la verdad. Es necesario que se siente ante un juez y de una vez comparta documentos que seguramente tiene. Echeverría tiene que ir y dar cuentas a un juez y este determinará la responsabilidad que está demostrada y tiene que recibir el castigo que un juez determine", insistió

En la propuesta de consulta ciudadana para llevar a juicio a los expresidentes —que entregó el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador a través del Consejero Jurídico de Poder Ejecutivo— se incluyó el nombre de todos los expresidentes vivos: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, pero no el de Echeverría Álvarez.

Para los integrantes del Comité 68 la consulta no es necesaria para llevar a la justicia a Echeverría ni a los exmandatarios implicados en casos de violaciones graves a los derechos humanos, como Acteal y Ayotzinapa, por ejemplo. Sin embargo, anticipó Hernández Gamundi, si llegase a ganar el “No” a la consulta, ésta resultaría perjudicial porque entonces se les garantizaría el pacto de impunidad.

Consideró “indignante” que a más de 50 años los sobrevivientes de la matanza del 2 de octubre no hayan encontrado justicia y los procesos legales que tienen iniciados no hayan avanzado con el gobierno de la 4T.

“Ha sido una demanda que hemos presentado sistemáticamente desde que existía la Procuraduría General de Justicia, el amparo lo promovimos porque, a pesar de que reiteradamente le estuvimos entregando promociones a la PGR, nunca tuvieron una sola diligencia para continuar el caso de Echeverría ante el tribunal.

“No ha habido un avance y continúa la inacción de la fiscalía. Indigna. Es una decisión del Ministerio Público de darle curso a los trabajos que tiene pendientes y eso corresponde al gobierno”.

Desde 2018 Hernández Gamundi interpuso un recurso de amparo ante el Poder Judicial en contra de la inacción de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República (FGR), que alegaba haber perdido los expedientes del caso Echeverría y que por eso no podía continuar con el proceso. Finalmente se negó el amparo, pero la FGR encontró los expedientes.

Posteriormente el Comité 68 inició una nueva petición legal para que se entregaran los expedientes del caso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que éstos se incorporen a los archivos de la investigación ministerial, en lugar de al Archivo General de la Nación (AGN).

“Desde 1998 no hemos dejado de hacer promoción. La última fue la de 2018 ante la Suprema Corte”, dijo.