Ante el destape de las primeras “corcholatas” de Morena a las en varios estados, los senadores Luis Armando Melgar Bravo (), Clemente Castañeda Hoeflich y Luis Donaldo Colosio Riojas (Movimiento Ciudadano) presentaron una iniciativa “blindar” los programas sociales y evitar que los aspirantes oficialistas utilicen recursos públicos o el condicionamiento de programas a cambio del voto.

La reforma a la Ley General de Desarrollo Social busca garantizar la de los programas sociales, con el objetivo de impedir su utilización con fines electorales, clientelares o de propaganda partidista.

La propuesta establece mecanismos claros para evitar que los recursos públicos destinados al bienestar de las personas sean utilizados para obtener ventajas políticas o electorales, al tiempo que fortalece la protección de los derechos sociales reconocidos en la Constitución.

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Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar
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Durante la presentación de la iniciativa, el senador Armando Melgar señaló que los programas sociales pertenecen a todas y todos los mexicanos y no pueden convertirse en patrimonio político de ningún partido.

“Los programas sociales son derechos constitucionales. No son propiedad de Morena ni de ningún otro partido. Lo que buscamos es poner candados y controles para que nunca más se utilicen con fines partidistas o electorales”, afirmó.

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Por su parte, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas destacó que la democracia sólo puede funcionar cuando existe piso parejo para todas las fuerzas políticas y cuando los recursos públicos se ejercen con imparcialidad.

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“Lo que queremos es que jamás nadie tenga que elegir entre su voto y su bienestar. Ninguna persona debe sentir que una pensión, una beca o un apoyo dependen de cómo vote o de a quién apoye políticamente”, sostuvo.

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La iniciativa incorpora por primera vez en la Ley General de Desarrollo Social el principio de neutralidad política de los programas sociales y establece medidas específicas para prevenir prácticas de clientelismo, coacción del voto y promoción personalizada.

Entre los principales cambios propuestos destacan la obligación de incluir una cláusula de neutralidad política en las reglas de operación de todos los programas sociales.

nro/apr

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