El legislador del Partido del Trabajo (PT), Jesús Fernando García Hernández, propuso en la Cámara de Diputados una iniciativa para que las dependencias y entidades estén facultadas y obligadas, durante el término del plazo de garantía establecido, a revisar las obras públicas que se reciban como ejecutadas.
La iniciativa resalta que las “simulaciones, mala calidad y obras inconclusas le cuestan caro al erario. Se trata de situaciones que tienen, en parte, origen por el supuesto de haberse concursado previo pago de gratificaciones a cambio de ser adjudicados los contratos, lo que constituye un proceso viciado desde el principio, que por sus características dificulta investigaciones y el des- linde de las responsabilidades a que haya lugar”.
La reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas destaca que, entre otras causales para que ocurran este tipo de situaciones, está que los plazos de ejecución acordados no responden a lo previsto, no se atiende a particularidades, como la complejidad de algunas obras, además de que habría que sumar la falta de una supervisión correcta y oportuna de las mismas.
La modificación al artículo 66 de dicha ley, remitida a las comisiones de Infraestructura, para dictamen, y de Transparencia y Anticorrupción, para opinión, precisa que los trabajos concluidos se garantizarán durante un plazo de 60 meses.
Con información de Antonio López