Senado aprueba Ley de Fomento a la Confianza
Busca reducir la corrupción en inspectores, verificadores y ejecutores en sus visitas a negocios
El pleno del Senado aprobó la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, calificada como de vanguardia para reducir la corrupción, particularmente en inspectores, verificadores y ejecutores en sus visitas domiciliarias a comercios e industrias, que están marcadas por la extorsión a los particulares.
La figura de “confianza ciudadana” se incorpora al marco jurídico, y será la base para relaciones de buena fe entre el gobierno federal y el sector privado con actividades económicas, en especial pequeños y medianos negocios.
El dictamen recibió el apoyo de las ocho bancadas, con 106 votos a favor y uno en contra de la panista Martha Cecilia Márquez Alvarado en el debate en lo general y que estuvo ausente en lo particular, fase en la que el pleno otorgó unanimidad de 110 votos.
El Senado abrió la alternativa para que mediante convenios los gobiernos estatales y municipales se incorporen a “confianza ciudadana”, y establece ocho actividades en las que se exceptúa el instrumento que omite las inspecciones, supervisiones, verificaciones y cualquier figura análoga.
Continuarán sometidas a la revisión de la autoridad federal las actividades de Seguridad Nacional, de Protección Civil, de la población, las que protejan a los derechos e intereses del consumidor, las relativas al sector financiero, al medio ambiente, los recursos naturales, y las relativas a las armas de fuego y explosivos.
De manera voluntaria, los particulares podrán inscribirse y darse de baja del Padrón de Beneficiarios que establezca la Secretaría de Economía y serán informados de las facilidades administrativas diseñadas para esta figura.
Deberán estar al corriente de sus obligaciones fiscales y regulatorias, y la autoridad aceptará esta declaración, y aplicará verificaciones mediante una selección estratégica.
La aplicación de esta ley queda en el ámbito de la Secretaría de Economía, que definirá los beneficios y las facilidades con las que fomentará la actividad de particulares.
El resorte que mueve al Congreso para legislar en esta nueva materia de confianza ciudadana es erradicar la corrupción, la cual, señala el dictamen a la iniciativa del senador Ricardo Monreal (Morena), tiene un costo para la sociedad de 2% del PIB, de acuerdo con el Banco Mundial; 9%, según coinciden el Banco de México y Forbes, y 10% que estima el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, dijo que el alcance de la ley favorecerá a pequeños empresarios, quienes podrán quedar a salvo de las visitas de inspectores.
Gustavo Madero (PAN), y Jorge Carlos Ramírez (PRI), señalaron que el ámbito de la ley corresponde al gobierno federal, de manera que los gobiernos de los estados y municipios para llevar este tipo de beneficio a los ciudadanos deberán celebrar convenios.
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