PT busca en Senado reconocer derechos de los migrantes
Propone considerar en categorías susceptibles de discriminación la situación o estatus migratorio
La coordinadora de la bancada del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos de la Torre, pidió reconocer los derechos humanos de aquellos que se ven obligados a abandonar su país, ya sea que estén de paso por México o sean migrantes en retorno.
“La migración es un fenómeno histórico que ha contribuido a la consolidación de los Estados en todo el mundo, en este sentido es necesario garantizar la protección de los derechos humanos de las personas extranjeras y migrantes”, expuso la legisladora petista.
Propuso hacer una reforma constitucional para considerar dentro de las categorías sospechosas susceptibles de discriminación la situación o estatus migratorio de las personas.
“Queda de manera explícita la prohibición de discriminar a cualquier persona independientemente cual sea su estatus o situación migratoria. De esta manera, no sólo quedan obligadas las autoridades del Estado mexicano, sino también las personas que habitan en territorio nacional”, detalló la senadora.
También se obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas migrantes.
En consecuencia, no podrán emitir disposición normativa alguna que atente o vulnere los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes.
Bañuelos de la Torre indicó que gozar de una identidad y tener una nacionalidad es un derecho, por ello planteó modificar el artículo 4 constitucional para que las mexicanas y los mexicanos nacidos en el exterior, hijas o hijos de madre y/o padre mexicano, que regresen al país, puedan gozar y ejercer su derecho a la identidad al reconocérseles ese derecho, explícitamente a ser registrados tan pronto lo soliciten, de manera inmediata y gratuita, según lo determine la ley.
La legisladora petista subrayó que su propuesta plantea transformar el procedimiento de expulsión de extranjeras de uno administrativo a uno de carácter jurisdiccional, y prohibir su detención por un plazo mayor a 72 horas en caso de no existir mandamiento judicial.
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